Estados Unidos dio esta semana un paso más para demostrar su irrestricto apoyo a la oposición venezolana, específicamente al presidente interino del país desde hace ya casi un año, Juan Guaidó, sancionando a siete diputados opositores. ¿La razón? “Sus acciones contra la democracia”.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes 13 de enero a estos parlamentarios por su participación en lo que la administración del presidente Donald Trump consideró un intento de “bloquear el proceso democrático en Venezuela”, a instancias del presidente en disputa Nicolás Maduro.
Se refieren a lo ocurrido el domingo 5 de enero, cuando diputados opositores sesionaron en una sala del diario El Nacional, después de que se le impidiera el acceso a Guaidó y a otros diputados a la sede del poder legislativo para la sesión de instalación. En esa sesión, 100 diputados eligieron a la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) y ratificaron a Juan Guaidó como presidente encargado del país.
Sin embargo, la bancada oficialista y un grupo de diputados que había sido separado de la oposición, 51 y 30 respectivamente según declaraciones a la prensa, juramentaron al diputado Luis Parra. El parlamentario obtuvo el reconocimiento del gobierno en disputa a pesar de que la oposición y expertos consideraron que la elección no contó con las condiciones requeridas por las leyes venezolanas.
Según una búsqueda realizada en la página de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento de Tesoro ha sancionado a 99 individuos del gobierno venezolano desde hace cinco años hasta la fecha. Estos siete parlamentarios son los únicos opositores o con lazos con la oposición.
Se trata de Parra; Flanklyn Duarte, nombrado primer vicepresidente de Parra; José Gregorio Noriega, segundo vicepresidente; José Brito; Conrado Pérez; Adolfo Superlano y Negal Morales.
¿Cómo llegaron a la lista negra de EE.UU. (y de la oposición)?
La historia de estos diputados, todos militantes de partidos reconocidos como opositores, comenzó hace poco más de un mes, el 1 de diciembre de 2019, con la publicación del reportaje del portal armando.info titulado “¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin".
La investigación señala a Parra como el creador de un grupo de parlamentarios para hacer lobby y lavar la reputación de un empresario colombiano relacionado con las cajas de comida entregada por el Estado. Otros mencionados en la publicación son: Brito, Pérez y Superlano.
Esto generó revuelo dentro de la oposición y, como lo recuerda la OFAC en su nota de prensa, Guaidó pidió una investigación para los cuatro mencionados por hechos de corrupción. Todos han negado los señalamientos y han asegurado, como el caso de Parra, que se trata de una "olla montada para enlodar" su nombre.
Posteriormente, el 20 de diciembre, la presidencia interina emitió un comunicado en el que señala a estos cuatro parlamentarios, y agregan el nombre de Noriega, como parte de la denominada ‘Operación Alacrán’, que, según declaraciones de otros diputados, se trata de la compra de parlamentarios con cantidades importantes de dinero para evitar que Guaidó fuese reelecto.
Los nombres de Duarte y Morales no habían surgidos en estos señalamientos. Sin embargo, los siete forman parte de los 17 parlamentarios que Guaidó aseguró a medios estaban “conspirando”, al no participar en la sesión de la AN de la oposición. Todos, eventualmente, han sido separados o expulsados de sus partidos.
¿Quienes son y qué dicen de las sanciones?
Al que todos señalan como el líder es a Luis Parra. Parra es un diputado de la AN por el estado Yaracuy, al centro-Norte del país, militante de Primero Justicia, partido con gran presencia en el Parlamento. Estudió Administración de Empresas, según un perfil de la BBC.
Ejerció cargos públicos en su estado y fue candidato a la gobernación para las elecciones de octubre 2017. Durante su paso por la AN, fue presidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
En un comunicado con membrete de la AN, los diputados implicados rechazaron "de forma enérgica y categórica" las medidas impuestas por EE.UU.
"Resulta inaceptable que países extranjeros pretendan condicionar la actuación y la libertad de conciencia de nuestros parlamentarios", reza el texto. Afirman que estas medidas unilaterales no contribuyen "a generar contextos de entendimiento”.
Sin embargo, en el caso de Parra, los usuarios de Twitter fueron rápidos al recordar uno de sus tuits de agosto de 2017 - que habría sido eliminado - en el que asegura que las sanciones son para “quienes violan los derechos humanos, están inmersos en corrupción y narcotráfico”.
Luego está quien resultó elegido como primer vicepresidente de la AN, Flanklyn Duarte, diputado de la AN por el fronterizo estado Táchira de Copei, un partido con tradición en el país. Según el portal Poderopedia, es licenciado Administración de Empresas e incluso se desempeñó como policía de su Estado. Duarte llegó al Parlamento como suplente de Laidy Gómez, quien luego se retiró para ir a la gobernación.
Fue presidente de la Comisión de la Familia de la AN. Apenas en noviembre del año pasado, antes de su ruptura con la oposición, fue nombrado como uno de los integrantes de la Comisión Preliminar encargada de renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Franklyn Duarte tomó la decisión de no formar parte de este equipo, a él nadie lo botó”, aseguró la parlamentaria Karim Vera, colega parlamentaria de la misma región, citada en medios locales. A pesar de este cambio de su compañero, la diputada explicó que “la relación con el diputado Duarte era muy amena”.
Al igual que como ocurrió con Parra, no tardó en resurgir un tuit, también de agosto de 2017, en el que asegura que “soy diputado de la Asamblea Nacional (…) y SÍ estoy de acuerdo con las sanciones”.
En el caso del segundo vicepresidente, José Gregorio Noriega, es un parlamentario del nororiental estado Sucre del partido Voluntad Popular, tolda política que ha tomado fuerza en los últimos años que tiene como líder al expreso político Leopoldo López y donde milita Guaidó. Según Transparencia Venezuela, Noriega es politólogo con doctorado en Ciencias Políticas. Fue diputado suplente entre 2011 y 2015.
Como diputado principal, fue integrante de la Comisión de Administración y Servicios.
Antes de que se fueran publicadas las sanciones, se refirió a las acusaciones en su contra en su cuenta de Instagram, asegurando que se trataba de un “linchamiento moral y político” por parte de los partidos opositores.
“Me tendrán que congelar mi única cuenta bancaria en bolívares del Banco de Venezuela, pues cuentas en el exterior no tengo. Cuentas en dólares no tengo. Visa para Estados Unidos nunca he tenido”, afirmó en su momento.
El siguiente es José Brito, diputado de la AN por el también nororiental estado Anzoátegui, del partido Primero Justicia. Es Administrador de profesión y ha estado o se ha presentado para otros cargos públicos dentro de su estado, según datos del portal Transparencia Venezuela.
En el Parlamento, fue vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración y formó parte de la Comisión de Desarrollo Social Integral y la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario
Un día después de que se dieran a conocer las sanciones, ofreció una entrevista France 24 en la que asegura que está con “serenidad, con mucha calma y mucha cordura”
“Deploramos enormemente que se sancione, no solamente a mi, sino a un grupo de diputados por el hecho de poder expresar a viva voz que queremos un cambio en paz en Venezuela y que sea por la vía electoral que podamos encontrar la solución a los graves problemas que enfrentan nuestra patria”, agregó.
Por su parte, Conrado Pérez es un diputado del estado Trujillo, en la región de los Andes del país, con Primero Justicia también. Según un perfil del portal de noticias El Pitazo, estudió medicina veterinaria y no tiene más de seis años de experiencia política. En la AN, fue el vicepresidente de la Comisión de Contraloría.
También están Adolfo Superlano y Nega Morales. Superlano es diputado de la AN por el estado Barinas, en la región llanera del país, de Cambiemos, pequeño partido político con menos de dos años de fundado. Ha estado o se ha presentado para otros cargos públicos dentro de su estado. En la AN, estuvo en la Comisión de Contraloría.
Morales es diputado del nororiental estado Anzoátegui, del partido Acción Democrática, un partido con tradición en el país. Usuarios de redes sociales denunciaron que desapareció de la cuenta de su Twitter una publicación del 5 de enero, en la que afirmaba que se había tomado la Asamblea "por la fuerza, en alianza con el Psuv”, el partido del gobierno. A pesar de que Morales tuiteó que era falso, AFP Fuctual, una página de la agencia de noticias dedicada a la verificación, corroboró que el tuit sí había sido publicado y posteriormente eliminado.
A pesar del rechazo de sus partidos, ellos se siguen considerando de oposición, pero cuyo objetivo es “acabar con la polarización”.
“No estuvimos, ni estamos, ni estaremos con el gobierno (en disputa)”, expuso Parra, quien incluso se refiere al gobierno de Maduro como “régimen”, un día después de su nombramiento.
Sin embargo, el Departamento de Tesoro es claro: existe la posibilidad de retirar estas sanciones si se ponen “del lado del pueblo de Venezuela y de Juan Guaidó como su líder legítimo”.
