Maikel Moreno, un magistrado venezolano acusado en Estados Unidos de lavar millones de dólares, es una figura pública de dos versiones: para el chavismo, es un abogado leal y diligente, mientras la oposición lo ve como una pieza política que facilita la violación del estado de derecho y la perpetuidad del oficialismo.
La Fiscalía federal del sur de la Florida acusó el jueves pasado a Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela entre 2017 y 2022, de conspirar para lavar capitales y recibir sobornos a cambio de “usar su posición para resolver casos civiles y criminales”, según denunció el Departamento de Justicia estadounidense en una nota.
De acuerdo con los documentos de la acusación, Moreno, de 57 años, tuvo “el poder de influir” con su autoridad en decisiones judiciales en su país mediante la designación de paneles de jueces en la Corte Suprema o removiendo jueces en tribunales menores.
La Fiscalía estadounidense alega que Moreno recibió entre 2014 y marzo de 2019 más de 10 millones de dólares en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido acuerdos con instituciones del gobierno de Nicolás Maduro.
Hace nueve años, antes de ser designado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, “recibió un millón de dólares por transferencia a su cuenta bancaria personal en Miami de parte de un contratista venezolano”, afirma el Departamento de Justicia.
El caso en su contra incluye aseveraciones de que ayudó a sobreseer causas criminales y órdenes de captura para acusados en Venezuela, que acordó autorizar la toma judicial de una fábrica de automóviles de General Motors y que llevaba registros en un libro de los “millones de dólares” que habría recibido como sobornos a cambio de sus influencias.
Moreno nació en el estado oriental de Anzoátegui y fue policía del cuerpo de inteligencia del estado venezolano en su juventud, ejerciendo incluso como escolta del expresidente Carlos Andrés Pérez, de acuerdo con el portal de investigación venezolano Poderopedia.
Según reportajes especiales de la prensa en Venezuela y Estados Unidos, Moreno tuvo dos expedientes penales abiertos en su contra a finales de la década de 1980 por los asesinatos de dos hombres: uno en el estado sureño de Bolívar y otro en Caracas. Si bien estuvo detenido por uno de los casos, recibió beneficios procesales para quedar libre.
Casi una década después de aquella primera acusación, se graduó como abogado en la Universidad Santa María y, en 2014, logró un doctorado en derecho constitucional en 2014.
Una figura clave
Moreno, con más de 20 años de experiencia en el poder judicial, pasó a formar parte de la Corte Suprema de Venezuela con el apoyo mayoritario del chavismo en el Parlamento.
Según su hoja de vida publicada en el TSJ, dio sus primeros pasos en el poder judicial como alguacil en 1994, antes de ser asesor y consultor de la aerolínea privada Aeropostal, el Consejo Nacional Electoral y la policía del municipio central de Sucre.
Su experiencia como juez se desarrolló en tribunales de Caracas desde 2001, donde lideró casos de tenor político, como la condena contra el excomisario Iván Simonovis, un exasesor de inteligencia del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, exiliado.
En 2007, de acuerdo con la organización Transparencia Venezuela, Moreno fue destituido como magistrado de la Corte de Apelaciones del circuito penal de Caracas por una decisión adoptada en el caso del asesinato de una abogada, cuyos responsables quedaron en libertad.
Años después, entre 2008 y 2010, ejerció como consejero y ministro consejero de las embajadas en Italia y Trinidad y Tobago, antes de su ascenso a la máxima corte.
Ya como magistrado, llegó a presidir la Sala Constitucional y sus sentencias incluyeron medidas contra las competencias y las decisiones del poder legislativo venezolano, que la oposición había ganado abrumadoramente en las elecciones de diciembre de 2015.
Uno de sus fallos, en 2017, concluyó que el TSJ asumiría las competencias de la Asamblea Nacional por presunto desacato de previas medidas judiciales.
Esa decisión generó críticas en figuras públicas asociadas con el chavismo, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz y reanimó las protestas de calle, así como las condenas de la comunidad internacional.
Sancionado y criticado
Moreno presidió por varios años el Tribunal Supremo de Justicia y hoy ejerce como líder de la Sala de Casación Penal. El chavismo, que ganó las votaciones legislativas de 2020 a pesar del veto opositor por presunta ilegalidad, lo reeligió como magistrado el año pasado.
Es uno de los funcionarios públicos de Venezuela con más sanciones internacionales sobre sus hombros. Estados Unidos, la Unión Europea y países como Ucrania, Noruega y Canadá lo han sancionado por presuntamente ayudar a socavar la democracia, violar derechos humanos y respaldar la represión contra manifestantes antichavistas.
El magistrado también tuvo un rol político clave en la crisis política que inició en 2019 entre acusaciones de usurpación de la Presidencia contra Nicolás Maduro: juramentó al mandatario chavista como tal, ante la resistencia de hacerlo por parte del Parlamento, y respaldó las acusaciones legales contra Guaidó.
Exfuncionarios y asesores del expresidente estadounidense Donald Trump señalaron a Moreno como una de las figuras asociadas con el chavismo que habrían dado su visto bueno a la salida de Maduro del poder en las vísperas del fallido y débil golpe de Estado de abril de 2019, si bien el magistrado venezolano negó toda vinculación con esos planes.
Un año más tarde, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera capturar o enjuiciar a Moreno y su esposa por corrupción y vinculación con el crimen organizado. La oferta sigue vigente.
Acusaciones graves
Dirigentes del chavismo lo han descrito como un abogado respetuoso de las leyes, leal a los principios de la paz y la democracia, si bien la oposición lo señala como el responsable de las decisiones judiciales anticonstitucionales que han sostenido en el poder al madurismo.
José Vicente Carrasquero, politólogo venezolano, precisa que el antichavismo lo ve como una figura judicial clave que ha demostrado “fidelidad” a los intereses del oficialismo y dice creer que, si las instituciones venezolanas fueran “decentes”, estuviera siendo investigado por las graves acusaciones de corrupción en su contra en Estados Unidos.
Durante los últimos dos años, el Departamento de Justicia de EEUU ha señalado a Moreno por los crímenes que la semana pasada actualizó ante la corte de la Florida. Según esas denuncias, los presuntos sobornos que recibió los invirtió en comprar y renovar inmuebles en Italia, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos.
El poder judicial estadounidense precisó recientemente que los dos cargos que enfrenta por conspiración para lavar capitales suponen un máximo de 20 años cada uno, mientras que el par de acusaciones por vinculación con transacciones en propiedades derivadas del crimen incluye penas máximas de 10 años.
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