Organizaciones defensoras de derechos fundamentales venezolanas y extranjeras esperan lograr el objetivo de que el mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU (FFM, por sus siglas en inglés) que vence este mes, sea renovado.
La FFM fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014 y fue prorrogado hasta septiembre del 2022.
Para Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas del país, la FFM es el mecanismo de investigación “más importante” sobre las violaciones a los derechos fundamentales en el país que se han registrado desde el 2014.
La FFM tiene, entre sus objetivos, investigar las violaciones a los DDHH (ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles y degradantes); “ayudar a combatir la impunidad” y que se garantice la rendición de cuentas.
“Precisamente a partir de estos informes de la FMM el gobierno se ha visto obligado a por lo menos iniciar algunas causas judiciales que habían estado congeladas durante muchísimo tiempo”, afirmó Uzcátegui en un reciente foro titulado ¡Que siga la misión!
Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Right Watch (HRW) reitera que en Venezuela hay una “absoluta falta de independencia judicial” y destaca la importancia de los mecanismos, entre ellos el de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para DDHH.
“Existe limitada transparencia sobre este memorando de entendimiento y esta incertidumbre sobre la duración de su presencia en el país genera un riesgo de que se revoque esta invitación a quedarse y eso condicionaría el trabajo de la oficina en Venezuela, afectando la posibilidad real de que este equipo pueda influir en la adopción de mejoras estructurales en asuntos como la impunidad”, dijo la experta en el mismo foro.
De acuerdo a Taraciuk, la FMM sigue siendo el “único” mecanismo independiente de monitoreo sobre Venezuela con un mandato para investigar “abusos y violaciones sistemáticas”.
Respecto a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que se rige por el Estatuto de Roma, Taraciuk recordó que hace “sus propias investigaciones”, pero las conclusiones de la FMM “pueden servir como insumo para determinar esa responsabilidad penal individual”.
Recientemente 125 organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado para pronunciarse en favor de la renovación del mandato de la FFM que no es reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y, de hecho, la ha descrito como “politizada” y sin “virtud”.
“Su contenido refrendado por una misión fantasma y elaborado de manera remota carece de rigor científico y metodológico en el tratamiento de la información y es claramente politizado, parcializado y selectivo”, dijo a principios de año Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, en referencia a la más reciente actualización del informe de la FFM.
Durante la sesión 51 del Consejo de DDHH de la ONU, entre el 12 y el 7 de octubre, la FFM presentará un tercer informe sobre la situación en Venezuela en el que, según activistas, profundizará sobre las cadenas de mando.
En su primer informe publicado en septiembre de 2020, la FFM detalló casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas, por lo que concluyó que “hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas constituyen crímenes de lesa humanidad”.
En la más reciente actualización de su informe, en marzo de este año, reiteró su preocupación respecto al “limitado” alcance de las investigaciones de algunas conductas que podrían constituir delitos de lesa humanidad, contra autoridades materiales “de bajo nivel”, por lo que informó que están ampliando las actuales investigaciones a las responsabilidades de “más altas” de la cadena de mando.
En noviembre del año pasado la fiscalía de la CPI decidió abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y, a principios de este año, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que acordó con Maduro la instalación de una oficina en el terreno.
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