El viernes 13 de octubre fue el día número 12 de protestas y bloqueos en el país centroamericano, como parte de lo que muchos han llamado un “paro nacional”, que busca principalmente la renuncia de importantes autoridades del país.
En la mira de los manifestantes están la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, así como del encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, Rafael Curruchiche, quien dirige las investigaciones contra el partido Movimiento Semilla, con el que ganó las elecciones el presidente electo Bernardo Arévalo.
También el juez Fredy Orellana, quien emitió la orden para un reciente allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral y la orden de suspensión del Movimiento Semilla. Los tres han sido incluidos por Estados Unidos en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos.
Desde el punto de vista de Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, Guatemala vive “la peor crisis democrática desde 1985 y un atentado contra la democracia prologado en el tiempo”.
Para él, las manifestaciones ciudadanas son generadas por el desacuerdo ante las diligencias promovidas por el Ministerio Público, que pareciera estar buscando “cuestionar la validez de los resultados electorales”.
En tanto, el analista político, Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, considera que se trata de “una jornada nacional de defensa de la democracia, del Estado de Derecho y del orden constitucional democrático, que se ha puesto en riesgo ante las acciones del Ministerio Público en los últimos allanamientos”.
Gran parte de la población cree que el accionar de la fiscalía es “una amenaza de intentar cambiar los resultados de la voluntad popular”, dijo Castillo.
Guatemala: Continúan las protestas contra la corrupción
“La forma en que se mancilló la dignidad del proceso electoral al secuestrar las actas realmente generó la indignación que ahora vemos expresada en las calles", afirmó.
Nunca en la era democrática, habíamos visto a ninguna institución del Estado, hacer uso de la fuerza para ingresar al Tribunal Supremo Electoral y secuestrar las actas, expresó el analista, que recordó que no se conoce qué tipo de investigación está detrás, pues la FECI asegura que está “bajo reserva”.
Acusaciones entre Giammattei y Arévalo
En medio de las paralizaciones y el consecuente desabastecimiento de alimentos y combustible, evidente con el paso de los días, el actual mandatario Alejandro Giammattei y el presidente electo Bernardo Arévalo han intercambiado mensajes responsabilizándose entre sí de lo que está pasando.
A través de una carta abierta, Giammattei señaló a Arévalo de ser el responsable de convocar a las manifestaciones y le pide que “dé la orden de liberar los bloqueos”.
“No es tratando de separarse de la responsabilidad de tener bloqueado al país como ahora usted va a poder desligarse de sus propias palabras, su responsabilidad en los bloqueos salta a la vista”, publicó el mandatario actual en sus redes sociales.
Ante ello, Arévalo respondió que el pueblo está saliendo a las calles para proteger la democracia, no por él o el Movimiento Semilla. “Señor presidente, ha permitido, consentido y avalado que nuestra Constitución sea despreciada por la funcionaria golpista que usted mismo nombró. Deje de evadir su responsabilidad. Solicite a la señora Consuelo Porras la renuncia al cargo de fiscal general”, dijo Arévalo en una carta que leyó antes de entregarla en el Palacio Nacional.
Para el analista Castillo, el mensaje que envían ambos es “nefasto”, porque han caído en acusaciones cruzadas, sin que sea ese el tema central de la discusión en las calles, y aseguró que los dos están demostrando que no tienen la capacidad de liderar lo que viene pasando en las calles.
Por su parte, Pablo Hurtado lamentó que ambos hayan caído en un nivel de confrontación público “endilgándose la responsabilidad de lo que está sucediendo” cuando lo que se necesita, dijo, es que el presidente Giammattei y el presidente electo Arévalo, asuman no una posición de quién tiene la razón, sino juntos, hacer un llamado al liderazgo.
¿Renunciará Consuelo Porras?
La única forma de terminar con el mandato de la Fiscal General del Ministerio Público de Guatemala, es con su renuncia. Después de las reformas hechas a la Ley Orgánica del Ministerio Público en 2016, la destitución del fiscal no procede, es decir, la fiscal general no puede ser removida por el presidente de la República, a pesar de que él la nombró.
La fiscal Consuelo Porras, a través de un mensaje publicado por el Ministerio Público, explicó que su deber constitucional es investigar toda denuncia que se presente, sin importar de quién se trate, sin embargo, no mencionó su postura ante la petición ciudadana, que apela únicamente a su buena voluntad.
Porras fue electa al frente del ente investigador en 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales y reelecta en el cargo en 2022 por el presidente actual Alejandro Giammattei. Cada mandato es de cuatro años, por lo que debería concluir en 2026.
Mientras, la población sigue saliendo a las calles, para pedir su renuncia.
¿Cuál es la solución próxima?
El secretario ejecutivo de la ASIES aseguró que ante la negativa de la fiscal general a renunciar y a la firmeza de los manifestantes de continuar con las movilizaciones, ayudaría una resolución de la Corte de Constitucionalidad que sea clara, estableciendo que los resultados electorales no se pueden modificar y por lo tanto, no se puede interferir en la toma de posesión del gobierno electo por mayoría en el balotaje del 20 de agosto pasado.
Aseguró también que si no se pone un alto a los ataques a los resultados electorales podría darse paso a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y con ello, a una serie de sanciones en contra del país, afectando aún más, la economía guatemalteca.
