El sueño de unos se convirtió en una pesadilla de otros, así resume el campesino Abel Marenco el anuncio en 2013 de que Nicaragua iniciaría la construcción de un canal interoceánico que debería quedar listo para el 2020.
Su participación en las manifestaciones contra el proyecto y la persecución del gobierno nicaragüense lo empujaron al exilio en Costa Rica, a donde salió el 9 de abril de 2021, según contó a la Voz de América luego de que las autoridades lo buscaran para detenerlo.
Marenco es uno de miles de campesinos exiliados en Costa Rica como consecuencia de oponerse a la construcción de un canal que conectaría a los oceános Atlántico y Pacífico a través del mar Caribe, y que, de acuerdo con los manifestantes, cortaría las vías de acceso a sus comunidades.
El canal que pondría a Nicaragua a competir con Panamá
La construcción del canal interoceánico fue anunciada por el gobierno de Ortega en 2013 bajo la promesa de duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua y convertirse en competencia del Canal de Panamá.
Cuando la Asamblea Nacional aprobó la construcción del proyecto, otorgó la concesión a la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited, con base en Hong Kong y propiedad del empresario chino Wang Jing, quien prometió que lo obra estaría lista para 2020. Este plazo no se cumplió debido a la falta de recursos.
En mayo de este año, la Asamblea Nacional de Nicaragua finalmente retiró la concesión otorgada al empresario chino para construir el canal interoceánico en el país centroamericano, pero reformó una ley para pasar el megaproyecto a manos del Estado.
"Persiste la idea de quitarnos nuestras tierras, por eso seguimos en resistencia", aseguró Marenco a la VOA desde Costa Rica, donde se encuentra exiliado.
El campesino vive en un campamento de refugiados junto a más de 10 familias, entre ellas la de Francisca Ramírez, líder campesina y dirigente del Movimiento Anticanal, conformado en el marco de las manifestaciones contra el proyecto.
Ramírez califica la derogación de la ley que otorgaba la concesión de la construcción del canal a un empresario chino como "una victoria".
"Para mí y para todos los que luchamos, sabiendo que si no lo hacíamos nuestras tierras iban a ser expropiadas, nos sentimos orgullosos de la lucha, porque lo asumimos con mucha seriedad y responsabilidad", dijo.
"El fruto que tuvimos fue evitar que los chinos siguiesen viniendo a nuestras tierras, sacarlos de los territorios y poder así demostrar nacional e internacionalmente que éramos legítimos dueños de nuestras tierras y que luchábamos para no permitir la expropiación", dijo Ramírez.
Protestas desde el exilio
Un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, una oenegé establecida en Costa Rica, señala que debido a la crisis política en Managua, a partir del año 2018 hasta diciembre de 2022 al menos 462.000 personas se desplazaron forzosamente del país y solicitaron protección internacional. Los campesinos forman parte de esta lista.
La organización asegura, no obstante, que es difícil contabilizar el porcentaje de trabajadores de la tierra que salieron de Nicaragua por haberse opuesto a la construcción de un canal interoceánico.
Para los campesinos que se oponen a la construcción del canal en Nicaragua, la oposición al proyecto continúa aún desde el exilio.
"Protestamos de muchas formas", dijo Ramírez. "Una de ellas fue saliendo a las calles. Otra fue haciéndole saber a las organizaciones y a las instituciones del Estado que esa ley no traía beneficios ni desarrollo a nuestro país, sino que nos arrebataba nuestros derechos. El canal nos dejaba totalmente sin acceso a la ciudad y sin derecho a vivir en nuestras comunidades porque iban a desaparecer", agregó.
El gobierno de Ortega ha enfatizado que el canal interoceánico seguirá en pie, pero ha guardado silencio sobre el retiro de la concesión a un empresario chino. En septiembre de 2022, el mandatario Daniel Ortega prometió que el canal sería una realidad "en algún momento".
"Es cierto, hay un canal por Panamá, que ha sido ampliado, pero las demandas del tráfico internacional son tan grandes que se hace necesario el canal por Nicaragua”, dijo Ortega.
La Ley 800, o "Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua", es la que establece un marco para la construcción del proyecto.
Algunos opinan "debería desaparecer la Ley 800, porque es todo el marco jurídico y, en realidad, con eso puede hacer lo que él [Daniel Ortega] quiera. Él debería saber que lo que es del pueblo, es del pueblo, y el pueblo se respeta", dijo Francisca Ramírez, líder opositora.
Con la reforma realizada por la Asamblea Nacional en mayo de este año, la Dirección de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua estará a cargo de funcionarios estatales y un hijo del presidente Ortega: Laureano Ortega. La dirección está facultada para coordinar todo lo relativo a la planificación y operación del canal, estipula la legislación.
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