La Cámara de Diputados argentina tratará esta semana un proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei que incluye un amplio abanico de reformas económicas, administrativas, penales y hasta medioambientales que han sido cuestionadas por partidos opositores, sindicatos, grupos de derechos humanos y artistas.
La iniciativa quedó habilitada para debatirse en la cámara baja luego de que el oficialismo obtuvo un dictamen favorable en las comisiones que la analizaron durante enero, pero el resultado de la votación es incierto porque el oficialismo es la tercera fuerza en el Parlamento y necesita el voto de aliados en la oposición para obtener la aprobación. Si la consigue, continuará su debate en el Senado.
El gobierno considera a esta iniciativa como la base fundacional de su proyecto político, que tiene como objetivo primordial una desregulación total de la economía y limitar la intervención del Estado. Afirma que sin esta herramienta normativa Argentina no logrará revertir sus padecimientos económicos y se encaminará a una hiperinflación con costos sociales impredecibles.
Por su parte, la oposición se muestra reticente a aprobar el proyecto tal cual fue enviado por el Poder Ejecutivo porque considera que muchas de las reformas no son viables o requieren mayor discusión.
Si naufraga la iniciativa impulsada por Milei, un economista ultraliberal que llegó a la presidencia el 10 de diciembre, el tropiezo dejará al descubierto su debilidad política y dará una pésima señal a los mercados, que están especialmente atentos a la marcha de su gobierno tras dos décadas casi ininterrumpidas de líderes populistas.
¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” —o “Ley Ómnibus” por la gran cantidad de aéreas sobre la cual legisla— es parte del paquete de medidas adoptadas por Milei al poco de asumir para en lo inmediato atacar el déficit fiscal y enderezar la economía, afectada por una inflación de más de 211 % anual y una caída de la actividad.
En rasgos generales, la iniciativa contempla la delegación de facultades al Poder Ejecutivo sobre materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifas, energética y administrativa por un año y prorrogable a otros dos. Hay capítulos que establecen penas más duras contra protestas callejeras que afecten el normal funcionamiento del transporte o los servicios públicos y plantean una legislación más permisiva para las fuerzas de seguridad en caso de legítima defensa.
También impulsa la privatización de empresas públicas, recorta fondos destinados a la producción cinematográfica y la cultura, desregula la actividad turística y la industria editorial, legaliza la reventa de entradas para espectáculos deportivos, autoriza a las universidades públicas fijar aranceles para extranjeros no residentes y flexibiliza la legislación en materia medioambiental.
¿Qué simboliza esta iniciativa?
Según el analista político Lucas Romero, de la consultora Synopsis, el texto “contiene medidas urgentes y necesarias del programa económico, pero también una gran cantidad de medidas menos necesarias” con las que Milei pretende “la refundación de una nueva Argentina”.
Consideró que es parte de una estrategia presidencial “de construcción de un relato que le dé mayor legitimidad política a la gesta que está queriendo emprender al inicio de su mandato”, consistente en cambiar los paradigmas vigentes para sacar al país de la crisis.
¿Por qué se demora la votación?
Aunque su ambición era contar con la ley en enero, el gobierno no tiene garantizados los votos suficientes y continúan las negociaciones con bloques opositores más dialoguistas, ya que es rechazada de plano por la izquierda y el peronismo que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Obligado a ceder, el Ejecutivo introdujo en los últimos días modificaciones al corazón del proyecto original porque generaba fuerte rechazo entre los gobernadores de provincias, a los cuales responden los diputados: redujo el plazo de delegación de facultades legislativas, excluyó a la petrolera YPF de la lista de empresas que quería privatizar, retiró el capítulo fiscal que establecía el aumento de impuestos a la exportación de granos y la eliminación de la fórmula de actualización de jubilaciones por inflación y desistió de una reforma del sistema electoral.
Para su aprobación, el oficialismo necesita al menos 129 votos sobre un total de 257 diputados.
¿Qué supondría el naufragio de la ley en diputados?
El analista Romero dijo que al haber asumido hace menos de dos meses, Milei está en el momento más propicio para tomar decisiones difíciles. “Si no las puede tomar ahora, si su popularidad empieza a descender y empieza a crecer el malhumor social, podríamos estar entrando en un terreno de inestabilidad política”.
¿Cuál es el plazo para el tratamiento de la ley?
En principio, el Congreso puede debatirla hasta el 15 de febrero, que es el plazo de sesiones extraordinarias convocado por el gobierno. Ese límite es voluble ya que puede extenderse hasta fines de ese mes.
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