El gobierno nicaragüense que lidera Daniel Ortega aleja cada vez más a las organizaciones enfocadas en los derechos humanos, al tiempo que liquida a los grupos de la sociedad civil por medio de leyes, como la Ley de Agentes Extranjeros, opinan analistas.
La acción más reciente del gobierno de Managua se concretó hace apenas unos días, el 24 de abril, y el blanco fue la Organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno de Ortega ordenó el cierre y confiscación de la oficina que funcionaba como sede del organismo en Managua.
La lista de expulsiones la lideró la delegación de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Eso ocurrió tras las protestas antigubernamentales de 2018.
La expulsión de los representantes de OACNUDH, en agosto de 2018, se produjo después que el organismo publicara un informe en donde reveló la "represión" del gobierno de Ortega contra los manifestantes. Las autoridades dijeron en su momento que el papel del organismo de la ONU había concluido en el país.
Alberto Brunori, Representante Regional para América Central de la OACNUDH, aseguró que desde esa fecha, el organismo no ha tenido acceso a Nicaragua. Dijo que la situación es "preocupante".
“Son escenarios de preocupación. La Alta Comisionada en distintas oportunidades ha solicitado el acceso no solo para nuestra oficina, sino para otros organismos internacionales como la CIDH, quien tampoco ha vuelto a tener acceso”, dijo Brunori vía Skype a la Voz de América.
"[Es] lamentable [la decisión de Ortega] porque la cooperación con organismos multilaterales se considera importante en todos los países del mundo”, dijo.
Brumori indicó que ha habido “fricciones” con Managua por las advertencias que hicieron tras la aprobación de leyes como la de Agentes Extranjeros que persigue a diversas organizaciones no gubernamentales.
“Nosotros habíamos advertido que la ley podría perjudicar el espacio cívico de las oenegés que al final sostiene una democracia y lamentablemente vemos los resultados. Ya vemos 160 oenegés clausurada y eso no abona a un crecimiento de una democracia sólida”, afirmó.
Ortega también expulsó cinco meses después de la OACNUDH- en diciembre- a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la acusó de actuar de forma “injerencista” y “parcializada” en su evaluación sobre la crisis que se vivía en Nicaragua que dejó más de 300 muertos.
También se ordenó la salida del Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI), creado por la CIDH para evaluar la situación de derechos humanos en el país.
Posteriormente, en marzo de este año, tres meses después de las elecciones generales en donde Ortega se impuso para un nuevo mandato de cinco años más, se expulsó del país al delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess.
El organismo era el único en capacidad de ingresar a los penales en Nicaragua para verificar la situación de los presos.
En declaraciones al diario La Prensa de Nicaragua, Ess confirmó la información de su salida. “Nos tomó por sorpresa la expulsión, desconocemos las razones”, dijo al periódico.
Con o sin organismos Ortega debe cumplir sus compromisos
Según los expertos consultados por la VOA, pese a las expulsiones de las organizaciones en Managua, Ortega debe cumplir con los convenios a los cuales pertenece.
“El compromiso existe porque Nicaragua ha ratificado varios instrumentos internacionales que con o sin presencia de organismos se tienen que cumplir, eso no cambia, el tema es que nosotros no podemos ayudar al Estado a implementar las recomendaciones”, explica Brunori de la OACNUDH.
El dirigente opositor nicaragüense Héctor Mairena, de Unamos, coincide al indicar que si bien “el régimen ha optado por una ruta suicida”, no les exime de responsabilidad en sus violaciones a los derechos humanos y a la democracia.
“El régimen ha optado por una ruta suicida. Sabe que eventualmente vendrá una mayor presión de organismos internacionales y huyen hacia adelante, saben que han violado, pero las expulsiones de OACNUDH, Cruz Roja y ahora de la OEA, no los exime en sus responsabilidades y compromisos con derechos humanos y la democracia”, comenta Mairena.
Aunado a las expulsiones de organizaciones de derechos humanos, Ortega también ha expulsado a diplomáticos, como el nuncio apostólico Waldemar Sommertag; y al embajador de Colombia, Alfredo Rangel, a quien se le retiraron sus credenciales diplomáticas.
Sobre el nuncio, el Vaticano se pronunció y calificó la expulsión de su enviado como “grave” e injustificado”; mientras que Colombia indicó que Ortega buscaba distraer la atención de la comunidad internacional sobre la “crítica situación de derechos humanos que sufren loso nicaragüenses”.
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