El parlamento de Cataluña aprobó el miércoles una propuesta simbólica que defiende el derecho del expresidente independentista de la región, Carles Puigdemont, a ser reelegido para el cargo pese a que se encuentra detenido en Alemania y enfrenta un posible juicio por varios cargos.
Los partidos secesionistas utilizaron su ajustada mayoría en la cámara para sacar adelante la propuesta y mantener su desafío al gobierno central de España, que sostiene que la adinerada región nororiental no puede separarse de la nación.
El expresidente catalán, detenido en Alemania en virtud de una orden de detención emitida por España, se encuentra “en excelentes condiciones” y confía en la justicia alemana que decidirá sobre su extradición en las próximas semanas, informó el martes su abogado.
“El presidente (Puigdemont) tiene asumido que esto se alargue, pero está resistente, fuerte, con coraje. Tenemos una gran confianza en la justicia europea y alemana”, dijo a las puertas de la prisión Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del político independentista.
Puigdemont, autoexiliado en Bélgica tras su destitución por parte del Gobierno español en octubre, dijo a través de su abogado que buscará incansablemente seguir “defendiendo sus ideales” y que se considera a sí mismo un “preso político”.
El arresto de Puigdemont en el norte de Alemania dejó al movimiento independentista debilitado, en momentos en que sus principales líderes se encuentran en prisión o en el exilio.
“Las personas procesadas no están siendo investigadas ni privadas de libertad por sus ideas, sino por sus graves actuaciones contrarias al estado de derecho”, dijo el martes el ministro portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, en una rueda de prensa posterior al consejo de ministros.
“No pueden presentarse como víctimas de una situación que ellos mismos conocían y propiciaron”, añadió.
Puigdemont huyó de España hace cinco meses para evitar su detención después de que el parlamento catalán aprobó una declaración de independencia unilateral. El gobierno de Madrid cesó a Puigdemont y asumió las competencias de gobierno de la comunidad autónoma.
El Tribunal Supremo español acusó al político, de 55 años, de rebelión, entre otros delitos.
