A pocos días de que se cumplan cuatro meses del estallido de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, el legislador Marco Rubio, republicano por Florida, presentó ante el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que tiene como objetivo ofrecer cobertura de internet al pueblo cubano.
“Desde La Habana y Hong Kong hasta Caracas y Teherán, los regímenes opresivos están restringiendo el acceso de internet sin censura a sus ciudadanos con el objetivo de silenciar las voces de disidentes y ocultar la realidad en sus países”, dijo Rubio tras la presentación el viernes de la Legislación Patria Y Vida.
A Rubio se le suman sus correligionarios y también senadores Rick Scott, también por Florida, y Bill Hagerty, por el estado de Tennessee.
La legislación expresa su intención de “exigir al gobierno de Estados Unidos que obtenga y mantenga la capacidad para transmitir el servicio de acceso a internet en el extranjero y a nivel nacional en caso de interrupciones relacionadas con emergencias, y que fortalezca el apoyo a las tecnologías de elusión que permitan a los usuarios evadir la censura respaldada por el gobierno”.
Hagerty elogió el proyecto porque “no solo apoyará a las agencias del gobierno federal en el mantenimiento del acceso al internet durante desastres naturales y emergencias, sino que también ayudará a EE.UU. en combatir la censura por parte de gobiernos opresivos en lugares como Cuba, China y Corea del Norte”.
La legislación lleva el nombre de la canción Patria y Vida, un tema músical que sirvió de inspiración a los manifestantes en la isla y que es la contraposición de la consigna oficial "patria o muerte", adoptada por el gobierno cubano desde 1961.
Para el próximo 15 de noviembre el proyecto Archipiélago mantiene la convocatoria a la Marcha Cívica, la que ha sido duramente atacada por las autoridades alegando que está subvencionada e impulsada desde Estados Unidos.
Archipiélago es liderado por el joven actor y dramaturgo Yunior García, participante tanto en las protestas del #11J como en la manifestación frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020.
Cortar el flujo informativo
Al estallar las protestas el 11 de julio pasado en las provincia de Mayabeque y La Habana, y cerca de sesenta ciudades y pequeños pueblos de toda Cuba, el gobierno de Miguel Díaz-Canel procedió a cortar el servicio de internet, así como el de la telefonía móvil en diferentes sitios.
A la fecha y según reportes de organizaciones de derechos humanos y servicios legales independientes, algunos de los manifestantes que transmitieron en vivo las protestas están bajo proceso penal o con sentencias emitidas por los tribunales cubanos.
Tras los actos represivos del gobierno en la isla, Estados Unidos emitió sanciones a cuerpos militares y oficiales a cargo de los operativos policiales, pero también aprobó regulaciones –desde los departamentos del Tesoro y Comercio- para ofrecer internet libre en Cuba.
"El Departamento del Tesoro seguirá apoyando los derechos humanos del pueblo cubano, incluida la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y se opondrá a la censura, incluidas las restricciones al acceso a Internet”, expresó entonces la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Andrea Gacki.
Entre otras, la Casa Blanca autorizó aquellas actividades comerciales que cubren el suministro de determinados servicios de Internet de pago, servicios de comunicaciones como correo electrónico u otras plataformas de mensajería, redes sociales, alojamiento web y registro de nombres de dominio, entre otros servicios.
Sin embargo, al pasar algo más de un mes de las protestas, el 17 de agosto La Habana hizo enmiendas a su legislación e incorporó “la difusión de noticias falsas” como un delito de alta peligrosidad, con lo que la publicación en redes sociales y el uso de las nuevas tecnologías pueden ser juzgados como acciones subversivas.
Se trata del El Decreto-Ley 35 que “va en contra de la desinformación y las mentiras cibernéticas", según dijo Díaz-Canel citado entonces por Reuters.
La empresa estatal de telecomunicaciones, ETECSA, queda a cargo de puede suspender el acceso a internet a quienes infrinjan la nueva ley.
Desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) como de la Unión Europea, altos funcionarios y parlamentarios han pedido al gobierno de La Habana el respeto a los derechos humanos de las anunciadas manifestaciones del 15 de noviembre, así como la liberación de los varios centenares de personas presas por motivaciones políticas.
La Habana, en cambio, se ha blindado, asegurando todas sus previsiones van encaminadas a proteger su seguridad nacional.
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