La cifra de víctimas en las protestas en Perú aumentó el jueves a 20 muertos y cerca de 500 heridos, según la Defensoría del Pueblo, mientras las manifestaciones continuaban en varias partes del país demandando la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones generales.
Ayacucho, en la zona sur del país, se convirtió en el nuevo epicentro de la escalada de violencia. La dirección sanitaria de la ciudad, en el sur de Perú, informó que siete personas perdieron la vida y 52 sufrieron lesiones en enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de la policía y las Fuerzas Armadas.
“Ante el ingreso de más heridos, se amplió y habilitó carpas para la atención y observación de los pacientes, así garantizar su cuidado”, dijo un comunicado que además pidió calma a población y que respetaran la labor del personal sanitario. “Nuestra misión es salvar vidas sin distinción alguna”.
El gobierno regional de Ayacucho responsabilizó al Poder Ejecutivo de la situación y exigió una exhaustiva investigación de los hechos, al tiempo que pidió la renuncia de altos funcionarios.
“Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego y represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú contra nuestra población, condenamos todo acto de vandalismo”.
Diferentes instituciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Periodistas y Amnistía Internacional han condenado la militarización en las movilizaciones sociales y pidieron un cese al fuego para evitar las pérdidas de más peruanos que muestran su descontento con plantones y marchas a diario en las plazas de armas de sus ciudades.
La presidenta Boluarte se refirió al filo de la medianoche en su cuenta de Twitter sobre lo sucedido en Ayacucho: “Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz”.
La oposición en el Congreso ha rechazado el uso excesivo de las fuerzas del orden para detener y reprimir las manifestaciones. Las bancadas de izquierda recogen firmas para interpelar al primer ministro Pedro Angulo y al titular de la cartera de Interior, César Cervantes, por sus deficientes labores para afrontar la crisis.
Primeras bajas en el gobierno
A raiz de lo sucedido, el gobierno de Boluarte sufrió este viernes las primeras bajas en su gabinete de ministros tras solo una semana. Patricia Correa y Jair Pérez, titulares de las carteras de Educación y Cultura, respectivamente, informaron que presentaron sus cartas de renuncia.
“La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. La crisis política demanda convicciones democráticas, respeto al orden y a la integridad física y la vida de cada ciudadano que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas”, se lee en la carta publicada por Correa en su cuenta de Twitter.
“Los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen inviable mi permanencia en el gobierno”, alegó Pérez.
La escalada de violencia en Lima y diferentes regiones del país ha provocado que el Gabinete de Pedro Angulo, esté en la mira de la oposición en el Congreso que ha rechazado el uso excesivo de las fuerzas del orden para reprimir las manifestaciones. En estos momentos, las bancadas de izquierda reúnen firmas para interpelar a Angulo y al titular de la cartera de Interior, César Cervantes, por sus deficientes labores para afrontar la crisis.
Inmovilización en provincias
El jueves también se conoció que el gobierno declaró la inmovilización social por cinco días en 15 provincias de Apurímac, Arequipa, La Libertad, Cusco, Ica, Puno y Huancavelica.
Esta medida se da en el segundo día del estado de emergencia decretado por 30 días que busca restablecer el orden frente a la quema de comisarías y canales de televisión, la toma de carreteras y de aeropuertos y el bloqueo del paso de ambulancias desde la semana pasada tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
En Apurímac, más de 100 organizaciones sociales se encuentran en insurgencia popular contra el gobierno. Además, acatan un paro regional indefinido en rechazo a la presidenta Boluarte.
En Ica ya se desbloqueó la carretera Panamericana Sur, que impidió el tránsito regular de los autobuses de transporte interprovincial y autos particulares.
En Cusco, la policía dispersó con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes cerca de la terminal aérea, que sigue cerrada. Centenares de pasajeros quedaron varados.
En Puno, en la región aymara fronteriza con Bolivia, el gremio de transporte se sumó a las protestas y paralizó sus actividades.
Por su parte, colectivos sociales se reúnen a diario en la plaza de San Martín de Lima para dirigirse al Congreso. En el trayecto, no obstante, han sido replegados por la policía que los hace retroceder con balas de canicas, golpes de varas y gases lacrimógenos.
Posibles agitadores
La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la policía informó en conferencia con la prensa peruana que detrás de las manifestaciones tanto en Lima como en diversas regiones del país estarían dirigentes del Movimiento para la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), una organización surgida en 2009 y supuestamente vinculada con Sendero Luminoso, uno de los grupos más violentos de Suramérica.
Sin embargo, esta no sería la única organización que participa de las movilizaciones, ya que se ha identificado a excarcelados que pertenecieron al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
“A nosotros nos queda claro. Personas pertenecientes a Sendero Luminoso, excarceladas, asesinos, criminales que han colocado coches bomba están en las protestas en este momento y tienen la desfachatez de decir que antes colocaron coches bomba y ahora nos hemos reducido a estas bengalas y bombardas”, dijo Óscar Arriola, jefe de la Dircote.
Ante el clima de ingobernabilidad, en el Congreso ya se comenzó ayer a discutir la salida que pondría fin a la crisis que es el adelanto de los comicios generales para que tanto la presidenta Boluarte y los parlamentarios se vayan antes del 2026.
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