Apenas un mes después de asignarse nuevos poderes como posible líder vitalicio de China, Xi Jinping enfrenta una oleada de indignación pública insólita en décadas, desencadenada por su draconiano programa de “cero COVID”, que pronto iniciará su cuarto año.
Los manifestantes tomaron las calles durante el fin de semana en varias ciudades, como Shanghái y Beijing, corearon lemas y chocaron con la policía. También hubo protestas en varios campus universitarios.
El país no había registrado marchas tan generalizadas desde el movimiento prodemocracia liderado por estudiantes de 1989, centrado en la Plaza de Tiananmen de Beijing y que fue aplastado con fuerza letal por el ejército.
La mayoría de los participantes en las protestas del fin de semana expresaron su indignación por los estrictos confinamientos de la pandemia, una forma de arresto domiciliario que puede durar meses y ha sido criticada por no ser ni científica ni eficaz.
Pero algunos también reclamaron la salida de Xi y el Partido Comunista, que gobierna China con puño de hierro desde hace 73 años. Esas críticas se consideran sediciosas y pueden llevar penas de prisión de varios años. Los manifestantes expresaron su frustración por un sistema que no cumple lo prometido ni aborda sus preocupaciones.
Por ahora, la respuesta de las autoridades ha sido discreta. Algunos policías en Shanghái emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y varios fueron detenidos y trasladados en un autobús. Sin embargo, el enorme aparato chino de seguridad interna es conocido por identificar a la gente a la que considera problemática y detenerla en sus casas cuando hay pocos testigos.
La policía en Shanghái también detuvo, pateó y esposó a un periodista de BBC que grababa las protestas. Las autoridades dijeron que le habían detenido por su propio bien “en caso de que la multitud lo contagiara de COVID”, según un comunicado de la BBC.
“No consideramos que esto sea una explicación creíble”, indicó el medio.
No estaba claro si podrían producirse más protestas, y los censores del gobierno trabajaban para retirar mensajes y videos de internet que apoyaran las marchas.
El gobierno central, por su parte, reiteró su posición sobre que las medidas contra el coronavirus deben ser “dirigidas y precisas” y provocar las menores interferencias posibles en las vidas de la gente.
Sin embargo, eso no parecía reflejarse a nivel local. Los administradores se ven amenazados con perder su puesto o sufrir otras represalias si surgen brotes en sus jurisdicciones, lo que los lleva a imponer las medidas más radicales.
El gobierno de Xi no parecía especialmente preocupado con las penurias provocadas por la estrategia. Durante la primavera impuso a millones de vecinos de Shanghái un estricto confinamiento que incluyó desabastecimiento de comida, acceso restringido a atención médica y duros efectos económicos.
Sin embargo, en octubre, el funcionario de mayor rango de la ciudad, leal a Xi desde hacía mucho, fue nombrado número dos del Partido Comunista.
Hace tiempo que el partido ejerce una opresiva vigilancia y restricciones de desplazamientos a grupos como tibetanos y miembros de minorías musulmanes como los uigures. Más de un millón de ellos han sido detenidos en campos donde se les obliga a renunciar a su cultura y religión tradicionales y a jurar lealtad a Xi.
Pero las protestas de este fin de semana incluían a muchos miembros de la clase media urbana y con educación, pertenecientes a la mayoría étnica han.
Es exactamente la parte de la población de la que depende del partido para mantener un equilibrio implícito alcanzado tras 1989, en el que la población aceptaba el régimen autocrático y la falta de libertades civiles a cambio de mejoras en la calidad de vida.
Pero ahora, la aplicación de la política de cero COVID indica que el Partido refuerza su control a expensas de la economía, lo que rompe el viejo arreglo, señaló Hung Ho-fung, de la Universidad John Hopkins en Baltimore.
“Toda la situación refleja que el partido y la gente intentan buscar un nuevo equilibrio, y hay algo de inestabilidad en el proceso”, señaló.
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