Los ecuatorianos ya no podrán deleitarse mirando cómo se asan los cerdos con su cuero crocante en los escaparates de restaurantes si prospera un proyecto de ley de protección de los animales que aún antes de debatirse ya ha causado revuelo.
La propuesta está siendo considerada en una comisión legislativa que ha convocado a varios grupos defensores de los derechos de los animales y ciudadanos así como a gremios productivos para elaborar un documento unificado que se debatirá en el pleno de la Asamblea en los próximos días.
En Ecuador, como en otros países de la región andina, es usual en varias poblaciones como Sangolquí —en las afueras de Quito— o Juján, cerca de la ciudad costera de Guayaquil, ver calles repletas de restaurantes que exhiben cerdos o pollos mientras van cocinándose al carbón con el fin de atraer comensales.
Pero los grupos defensores de los derechos de los animales buscan que estas prácticas gastronómicas y otras relacionadas con el turismo —como los paseos en carretas tiradas por caballos— se prohíban.
Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura y productor ganadero, dijo a The Associated Press que la propuesta es “excesiva” porque asume que “la relación humano-animal se basa en un acto de violencia”.
Entre las prohibiciones que mayor controversia han generado están la de exhibir los cuerpos enteros de los animales “faenados, colgados o cocinados en el espacio público, vitrinas o locales comerciales” o el “confinamiento permanente” de animales para consumo en espacios reducidos.
Gómez de la Torre consideró que esto afectaría al comercio porque “lo que no se expone no se vende”. Además, al tener que cambiar los sistemas de producción de jaulas avícolas o galpones de vaquerías por espacios abiertos los costos de producción se elevarán al igual que los productos como huevos, pollo o leche, dijo.
Pero para Cristina Alarcón, coordinadora de los colectivos que apoyan el proyecto de ley, el objetivo es “eliminar prácticas extremadamente crueles contra los animales” y también es una cuestión de salud pública, ya que busca evitar la contaminación de las piezas comestibles expuestas.
“Es necesario migrar a sistemas de mayor bienestar que resulten en un mejor producto al consumidor”, dijo la activista y precisó que la transición contemplará plazos de ocho a diez años, dependiendo de si se trata de productores pequeños, medianos o industriales.
La propuesta también prohíbe el uso de animales para el transporte en actividades turísticas, la pesca deportiva, el suministro de antibióticos, antimicrobianos o promotores del crecimiento y la comercialización o producción de bienes con plumas, caparazones, piel, cuero o pelaje de animales.
Varias comunidades, especialmente de la serranía, impulsan el turismo comunitario y utilizan caballos para ofrecer recorridos por parajes naturales, mientras poblaciones como Quzapincha, al norte de la capital, son reconocidas por su oferta en variados productos de cuero.
Milton Aguas, asambleísta de la Comisión de Biodiversidad, admitió en diálogo con AP que “hay extremismos de lado y lado y buscamos un equilibrio en la defensa de la naturaleza y de los diversos sectores”, por lo que continuarán recibiendo aportes hasta concluir la propuesta que se conocerá en el pleno del Legislativo.
Para Francisco Portilla, un comerciante de 52 años, se trata de un tema “complejo” porque si bien le preocupa que los precios de los alimentos suban, también apoya que se establezcan normas de defensa de los animales.
“No por el hecho de que sean animales se les puede maltratar o someter a sacrificios crueles”, opinó.
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