Varios agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, en inglés) entraron en la residencia privada del expresidente Donald Trump en el exclusivo club de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia han dado detalles acerca de esta operación policial pero varios expertos en la materia aseguran a la Voz de América que si un juez federal ha dado luz verde es porque se ha visto que hay suficientes evidencias para que el caso pueda llevarse ante un tribunal.
“Lo que sabemos hasta ahora es que hay una orden de cateo que se firmó por parte de un juez federal y eso quiere decir que hubo causa probable de considerar que se haya cometido un delito y de que pudiera haber evidencia referente a ese posible delito en el sitio del allanamiento”, dijo Ángel Leal, abogado constitucionalista con más de 30 años de carrera en la materia.
“Hay suficiente evidencia”
En esa línea, Rafael Peñalver, también abogado constitucionalista con práctica en Washington DC y Florida, recalcó que “no se toman esos pasos a no ser que se tenga la seguridad de que se tiene un caso sólido contra una persona, especialmente cuando esa persona es un expresidente de Estados Unidos”.
“Hay que recordar que para que se pueda obtener esta orden judicial autorizando a entrar en la casa del expresidente y revisarla en busca de documentos, se debe haber presentado evidencia a un juez federal indicando que se cometió un crimen o un delito”, dijo, subrayando que este tipo de operaciones no se basa en simples sospechas, ya que, de lo contrario, “el Departamento de Justicia no tomaría este paso si no tuviera una seguridad completa de lo que estuviese haciendo”.
¿Se contempla algún tipo de protección a un expresidente frente a la ley?
Es la primera vez que se realiza un allanamiento de este tipo en el domicilio particular de un expresidente. Pero, tal y como apuntan los expertos en la materia, un mandatario que ya no ejerce el poder es considerado ante la justicia como cualquier otro ciudadano y debe cumplir con sus obligaciones legales sin ningún tipo de beneficio adicional.
Dos investigaciones paralelas
Aunque no hay información oficial sobre la causa investigada en las pesquisas de Mar-a-Lago, donde Trump fijó su residencia oficial tras salir de la Casa Blanca, es cierto que en los últimos meses se ha estado llevando a cabo una investigación con respecto a sus intentos de revocar los resultados de los comicios presidenciales de 2020.
No es el único caso, ya que el Departamento de Justicia también ha iniciado una investigación tras confirmarse que los Archivos Nacionales y Administración de Documentos habían recogido de ese lugar 15 cajas con información clasificada.
“Sí se sabe que (este caso) se trata de documentos perdidos o documentos que faltan, y tienen que ser documentos de gran importancia. Estoy seguro de que estamos hablando de documentación que implica la seguridad nacional de Estados Unidos y el Departamento de Justicia”, apuntó Peñalver.
“Todos los documentos pertenecen al Estado norteamericano”
Sobre eso, el abogado constitucionalista hizo hincapié en que “todo lo que pasa en la Casa Blanca, con excepción de las cartas personales a sus hijos y a su familia, pertenece al Estado norteamericano, y más cuando se trata de una situación que, como se sospecha, implica temas de seguridad nacional”.
“Un punto muy importante es que cuando un juez federal firma autorizando al FBI para entrar a una propiedad privada, cualquier cosa que esté a la vista de los investigadores lo pueden coger. Así que no es solamente que hayan conseguido la documentación que buscaban, sino que cualquier otra documentación que esté a plena vista, pues también están autorizados a quedarse con ella”, agregó.
Y es que, según dice Leal, muchos de estos documentos podrían contener información relacionada con la seguridad nacional o los métodos o prácticas para obtener cierta información, que incluso “pudiera hasta implicar y poner en peligro a fuentes de información”.
El papel de los Archivos Nacionales
El problema principal, según indican ambos expertos, es que la legislación obliga a cualquier presidente a entregar al Registro Nacional de Archivos y Documentos de EE. UU. toda la documentación en su poder al terminar su mandato.
“Toda la documentación que tiene que ver con su oficio como presidente tiene que pasar a este Registro Nacional”, dijo Ángel Leal, haciendo alusión al caso de las 15 cajas que fueron transportadas de Mar-a-Lago al Registro federal ya que “se reportaron documentos de naturaleza clasificada, de alto secreto”.
¿Qué legislación regula este tipo de prácticas?
La clave de la discordia estaría precisamente en los estatutos federales que regulan el mal manejo o la destrucción de documentos federales o presidenciales. Exactamente se hace referencia a eso en la sección 2071 del tomo 18 del Código Federal. “Hay un estatuto en particular que tiene que ver literalmente con quitar, mutilar o destruir deliberadamente o ilegalmente cualquier registro depositado en cualquier cargo público o en cualquier funcionario público de Estados Unidos es un delito federal y está castigado con hasta tres años de cárcel e inhabilitación pública”, dijo Leal.
Apoyo de los republicanos a Trump
Por otro lado, los principales representantes del Partido Republicano apoyaron públicamente al expresidente Donald Trump, alegando que detrás de esta operación policial hay una persecución política para impedir que el magnate pueda volver a presentarse a las elecciones de 2024.
La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, describió el allanamiento del FBI como un “abuso de poder” por parte de las filas demócratas.
“El poder absoluto corrompe absolutamente, y en innumerables veces hemos tenido ejemplos de demócratas que se burlan de la ley y abusan del poder. Los demócratas arman continuamente a la burocracia contra los republicanos. Esta redada es indignante”, manifestó en un comunicado.
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