El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desestimó este viernes las críticas que surgieron tras haber divulgado el número telefónico de una periodista de The New York Times que escribió un reportaje sobre supuestos financiamientos del narcotráfico a colaboradores del mandatario, lo que llevó a un ente local a iniciar una investigación por posible violación a la ley de protección de datos.
Durante su conferencia matutina, López Obrador negó una vez más las informaciones difundidas el jueves por el diario estadounidense sobre presuntos aportes millonarios que entregaron narcotraficantes a aliados cercanos al presidente antes de las elecciones de 2018.
El presidente instó al medio a hacer una “autocrítica” y una “revisión de ese periodismo calumniador, falsario, al servicio de intereses creados”.
Al ser consultado sobre si fue equivocada la decisión de divulgar el jueves en su espacio matutino, conocido como “la mañanera”, el teléfono de la jefa de la corresponsalía en México del New York Times, Natalie Kitroeff, por los riesgos que eso representaría para ella, el gobernante descartó que eso pueda considerarse un error.
“Que cambie su teléfono”, replicó López Obrador, si la periodista se sentía preocupada.
En una actitud retadora, señaló que estaba dispuesto a difundir nuevamente el teléfono de un periodista, si se daba el caso, aunque eso pudiera ir contra una normativa local de protección de datos. Justificó su postura en que “se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente del México”.
“Por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto. No somos delincuentes, tenemos autoridad moral. No va a venir cualquier gente que, porque es el New York Times y nos va a poner, y nos va a sentar en el banquillo de los acusados”, agregó.
Tras la polémica que desató la publicación del número telefónico de la comunicadora, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) —organismo autónomo garante del acceso a la información y la protección de datos personales en México— anunció la apertura de una investigación de oficio para determinar si la acción viola los principios y deberes la ley local de protección de datos personales.
El INAI inició el mes pasado otra investigación por la filtración en internet de los datos personales de 263 periodistas que acuden a la conferencia matutina. El gobierno determinó que los datos fueron robados por un exfuncionario federal mediante una clave de acceso que no había sido dada de baja.
Durante su sexenio López Obrador ha atacado en otras ocasiones al INAI y ha minimizado su labor hasta el punto de que este mes presentó una iniciativa en el Congreso para eliminar ese organismo junto con otras dependencias autónomas.
El INAI enfrentó el año pasado una crisis cuando el Congreso, controlado por el oficialismo, se negó a designar algunos de los reemplazos de la actual directiva, lo que puso al organismo a las puertas de un cierre técnico. Se superó la situación cuando la Suprema Corte de Justicia autorizó que opere de manera extraordinaria sin la totalidad de sus siete integrantes.
Durante sus más de tres décadas de carrera política, López Obrador ha mostrado un carácter confrontativo ante las críticas a sus decisiones. Su mandato culminará en septiembre.
La Casa Blanca desmiente que exista una investigación
Mientras que líderes opositores y expresidentes mexicanos pedían el jueves la renuncia de López Obrador, la Casa Blanca se apresuró a desmentir los informes.
“Creo que el Departamento de Justicia ya lo ha dejado claro: no hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador", aseguró John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, en rueda de prensa.
Sobre el contenido del reportaje, López Obrador agradeció al gobierno del estadounidense Joe Biden por informar que no hay ninguna investigación activa en su contra.
También descartó que vaya a ejercer alguna acción legal contra el medio estadounidense por la publicación, pero se preguntó quién va a reparar el daño a sus "hijos, que cuando pongan sus nombres va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico”.
La reacción del mandatario mexicano contra el New York Times y su periodista fue objetada este viernes por activistas, opositores y organizaciones que defienden los derechos de los periodistas, como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
El representante en México del CPJ, Jan-Albert Hootsen, admitió que era inquietante la reacción de López Obrador y dijo a AP que representa “una muestra de desdén para leyes y para las instituciones en México”. Demuestra cómo para el máximo funcionario público del país “la impunidad sigue siendo la norma en el momento en que se enfrenta con situaciones que no son cómodas para él”.
Hootsen también recalcó que la divulgación del número de teléfono de la periodista es preocupante por las amenazas que suelen recibir a través de sus celulares, aplicaciones y redes sociales muchos comunicadores que trabajan en México. Como ejemplo, mencionó que la CPJ ha registrado más de 10 casos de fuertes amenazas contra periodistas.
“Cualquier persona que quiera callar a la periodista le puede mandar un mensaje de intimidación”, dijo el representante del CPJ, y agregó que “una sola amenaza que reciba tiene un impacto muy fuerte”.
[Con la colaboración del periodista de VOA, Javier Hegar, desde Ciudad de México. Parte del reporte procede de Associated Press]
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