En poco más de dos semanas entra en vigencia una ley en Venezuela que busca establecer mecanismos de control de precios de aquellas empresas “cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costos de los bienes que producen o comercializan o de los servicios que prestan”, según informó el gobierno.
La norma, aprobada en julio por el presidente Hugo Chávez que entrará en vigencia el 22 de noviembre, busca controlar la trepante inflación del país, que en 2011 llegará al 26,9%, un poco por encima de la meta oficial de 25%.
Los empresarios venezolanos alzaron su voz contra la ley, que a través de una recién creada Superintendencia Nacional de Costos y Precios buscará controlar a las empresas que fijan “precios excesivos” y revisará sus ganancias.
“Hay demasiadas incertidumbres pendiendo sobre este instrumento y por eso hemos llevado a la consideración del Ejecutivo y del país varias acciones”, dijo Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, que congrega a 250 gremios empresariales.
Botti dijo que entre las medidas previstas buscan que se suspenda la entrada en vigencia de la norma. También sugieren que sea tratada en la Asamblea Nacional venezolana para que haya “varios meses de discusión” entre otros actores políticos y sociales. En tercer lugar, hablarán con consumidores y trabajadores “para medir los efectos” que tendrá la ley. Por último, analizarán “alternativas constitucionales” como demandas.
“Los trabajadores y consumidores son los más afectados con una ley como esta”, denunció. “Se nos ha dicho desde el comienzo que a nadie se le va a obligar a trabajar a pérdida, pero lo que está escondiendo esto de fondo es que se pretende centralizar, controlar (…) hasta la última transacción que se lleve a cabo en el país”, denunció ante los medios de prensa venezolanos.
“Quedan escasamente 30 días por delante y todavía no conocemos y sabemos que no hay ni la plataforma tecnológica ni jurídica para que un instrumento de esta naturaleza funcione”, aseguró Botti.
El organismo creado por la ley podrá imponer multas de 15 a 30 salarios mínimos por incumplimientos, clausuras por 90 días si reinciden e incluso “una inhabilitación temporal en el ejercicio del comercio hasta por un lapso de 10 años, dependiendo de la gravedad del incumplimiento”, de acuerdo al gobierno.
