La organización Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins afirman que la cifra de contagiados de COVID-19 en Venezuela es “seguramente mucho mayor” que la divulgada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Los expertos publicaron este martes las conclusiones de un estudio de 14 hospitales públicos de Venezuela, en las que advierten que el colapso sanitario de ese país contribuiría a una propagación regional del nuevo coronavirus.
Según el madurismo, hasta el martes (26 de mayo en la mañana), hay 1.177 casos positivos y 10 muertes por COVID-19 en el país. De acuerdo con HRW y la Universidad Johns Hopkins, la cifra es mayor.
“La cifra real es seguramente mucho mayor debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la total falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial”, advierte el informe.
Consideran “probable” que el nuevo coronavirus se extienda con rapidez por Venezuela debido al hacinamiento en zonas populares y cárceles, así cómo por los problemas generalizados para tener acceso a agua en hospitales y hogares.
La pobreza y la desnutrición “son el ámbito ideal” para que se propaguen enfermedades infecciosas como la COVID-19, puntualizan.
“El sistema de salud venezolano es particularmente precario y no tiene las condiciones para lidiar con la COVID-19”, concluyen los investigadores, que realizaron entrevistas entre noviembre y diciembre de 2019 a profesionales de la salud en 14 hospitales de Caracas, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Lara y Zulia.
Una de las preocupaciones de los expertos es la habitual escasez de agua y la falta de saneamiento e higiene.
La falta de guantes, jabón, desinfectantes, alcohol, desinfectante y mascarillas en los hospitales venezolanos también destacan en el informe.
El gobierno central, ante esa escasez, ha respondido con “desidia”, denuncia el informe. “Los acontecimientos en el país en los últimos meses acentúan esta preocupación. El sistema de salud de Venezuela ha colapsado”, apunta.
Éxodo de riesgo
Kathleen Page, médica y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros Johns Hopkins, opina que la crisis humanitaria y el colapso sanitario en Venezuela generan “una peligrosa situación que favorece una rápida propagación del virus en la población en general”.
También, observa condiciones de trabajo inseguras para el personal de salud y un alto índice de mortalidad entre pacientes que necesitan tratamiento en hospitales.
El reporte de HRW y los doctores de la Johns Hopkins, de Estados Unidos, remarca que el éxodo masivo de venezolanos, así como la actual migración de venezolanos que ingresan y salen del país producto de la pandemia, “agrava el riesgo de que el virus se extienda más allá de Venezuela”.
“La imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de COVID-19 podría provocar que más personas intenten irse del país. Esto desbordaría aún más los sistemas de salud de los países vecinos, poniendo en peligro más ampliamente la salud en la región”, indica Page.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, suspendió los vuelos humanitarios desde o hacia otros países y mantiene cerradas las fronteras con los vecinos.
La prohibición no ha impedido sin embargo que venezolanos y extranjeros crucen las fronteras sin controles sanitarios.
Autoridades de Zulia, limítrofe con Colombia, reportaron la detención de 144 personas, solo la semana pasada, por utilizar “trochas” o caminos ilegales en la frontera para ingresar a Venezuela. Tres de los arrestados estaban contagiados.
El gobernador Omar Prieto, madurista, reportó esta semana un “alarmante” brote de contagio del nuevo coronavirus en ese estado.
Sobre la falta de transparencia en cuanto a las cifras de contagio, acusan a las autoridades venezolanas de censurar o no recabar datos sobre la salud pública.
Recuerda el informe que el gobierno no difunde datos epidemiológicos desde 2017.
“El gobierno venezolano ha censurado información sobre salud pública vinculada con la COVID-19”, cita el reporte, que también denuncia la confiscación de resultados de pruebas del nuevo coronavirus en una clínica privada de Caracas.
Precisa el estudio que, hasta el 21 de mayo, las autoridades venezolanas solo realizaron 16.577 pruebas PCR entre las 697.000 evaluaciones de la COVID-19.
“La gran mayoría, por lo tanto, son pruebas que pueden arrojar falsos negativos en los primeros días desde el contagio”, acota.
HRW y los responsables de la John Hopkins también advierten que la tasa de mortalidad por COVID-19 en Venezuela sea probablemente mayor a la media.
“No hay capacidad para brindar atención de alta complejidad debido a la falta de equipos básicos para radiografías, análisis de laboratorio, camas de terapia intensiva y respiradores”, señala el reporte divulgado.
La ayuda
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, hace votos porque los gobiernos preocupados por Venezuela financien las iniciativas humanitarias de la ONU para contribuir allí a una respuesta efectiva a la COVID-19.
“La máxima responsabilidad recae en las autoridades que responden a Maduro, por ello hay que presionarlas para que le garanticen pleno acceso al Programa Mundial de Alimentos y permitan que los actores humanitarios y médicos puedan trabajar sin temor a represalias”, declara.
La presión al madurismo para que permita tal asistencia debe originarse en el seno del llamado Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea, según Vivanco.
Vivanco pide, además, urgir al gobierno en disputa a que los profesionales de la salud y los trabajadores humanitarios en Venezuela tengan acceso prioritario a la gasolina, hoy escasa en la capital y las 23 regiones del país.
El vocero de HRW recomienda a Estados Unidos que reitere su aclaratoria de que nadie será penalizado por financiar o proveer asistencia humanitaria a Venezuela en este período de crisis de salud pública.
También, aconseja desburocratizar y acelerar los procedimientos para que empresas y organizaciones envíen esa ayuda humanitaria al país.
Vivanco criticó en una videoconferencia que, a su juicio, “las autoridades, fieles a lo que se hace en dictadura, se preocupan más por ocultar cifras y perseguir a quienes denuncian la realidad en el país que en contener la pandemia”.
A su entender, es “imposible” que solo haya poco más de 1.000 casos de contagio en el contexto documentado por su organización y la universidad estadounidense.
“No sabemos cuántos casos hay en realidad”, concluyó.
Factor agravante
José Félix Oletta, ministro de Salud de Venezuela entre 1997 y 1999, justo antes de la irrupción del chavismo, considera que el informe ratifica lo advertido por redes sanitarias independientes desde hace cinco años.
“El desarrollo de la pandemia en Venezuela, es un factor agravante de las condiciones previas. Bajo las condiciones actuales, el sistema de salud no puede dar respuesta a situaciones extraordinarias, porque tampoco puede hacerlo con lo cotidiano”, comenta en conversación con la Voz de América.
Oletta, directivo de la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, destaca que el estudio anota la “debilidad” de los mecanismos de seguimiento de la pandemia y la opacidad de las cifras oficiales.
“No se están utilizando oportunamente las pruebas de diagnóstico recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, ni en tiempo ni en cantidad”, observa.
Según el médico internista, Venezuela realiza un promedio de 600 pruebas de PCR por cada millón de habitantes, lo que es “insuficiente” para la vigilancia sanitaria.
También, observa que los aislamientos “casi policiales” de pacientes contagiados en Venezuela favorecen el ocultamiento de síntomas y casos sospechosos en el país.
“Aumenta el riesgo de contagio. Es una paradoja. El gobierno debería reflexionar grandemente y hacer balance de lo que no ha hecho, uno sincero, no un monólogo”, sentencia sobre el reporte de HRW y la Johns Hopkins.
