Hasta el 16 de abril de 2022 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dio plazo al Estado venezolano para informar sobre su investigación respecto a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Aunque el artículo 18 (2) del Estatuto de Roma establece que el Estado debe informar a la CPI sobre el avance de sus investigaciones un mes después de haber sido notificado, la oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, argumenta la extensión debido a “intentos fallidos” de reunirse en persona con las autoridades venezolanas, “el receso del Tribunal interviniente” y “desafíos” provocados por la pandemia de COVID-19.
Consultado por VOA, Ali Daniels, especialista en Derecho Internacional Humanitario y director de Acceso a la Justicia, sostiene que en realidad se están dando “cuatro meses” de plazo porque el lapso de un mes “venció en diciembre”.
El 3 de noviembre del 2021 el fiscal de la CPI, Karim Khan notificó su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El profesor de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), añade que el fiscal “está consciente” de que el lapso es de un mes y por ese motivo en la comunicación expone a la Sala de Asuntos Preliminares que lo somete a consideración de la Sala para “asegurar la adecuada supervisión judicial”.
“No es que el fiscal graciosamente dio este lapso, está sujeto ahora a que la Sala le responda o no si está de acuerdo con ese nuevo lapso que acaba de otorgar y en ese sentido llamamos la atención sobre la irregularidad que implica que un lapso que el mismo fiscal señala que es de un mes y que está en el Estatuto se haya extendido por 4 a pesar de que ese articulo 18 no dice que ese lapso sea prorrogable”, advierte.
Sin embargo, considera que, en general, la fiscalía se ha conducido de una manera “institucional” y resalta el hecho de que ha señalado la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Daniels hace referencia al punto de la comunicación de Khan en la que detalla que un Estado parte del Estatuto de Roma solicitó “tiempo adicional” para informar si está llevando a cabo averiguaciones de casos de presuntos crímenes de lesa humanidad sobre la situación de Venezuela.
“Nos llama la atención, cuál sería ese Estado parte, sabemos que no puede ser Estados Unidos porque no es parte del Estatuto, de modo que queda la duda de saber cuál es ese país”, insistió.
Para Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Right Watch, en Venezuela la impunidad de los abusos generalizados “sigue siendo la regla” y los esfuerzos de reforma judicial “no son serios”.
“Difícil tarea”, escribió en Twitter en referencia al plazo otorgado al Estado venezolano para que demuestre que está investigando violaciones a los DDHH.
Expectativas
Daniels dice esperar que las víctimas puedan tener un “contacto institucional” que les permita dirigirse al fiscal Khan en su próxima visita a Venezuela, que pudiera concretarse antes del 16 de abril.
A pesar de que entre defensores de derechos humanos hay “esperanza” en el proceso que avanza en la CPI, Daniels reitera que “son caminos muy largos” y, por más doloroso que resulte, llama a las victimas a ser pacientes.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, coincide en la importancia de “manejar con cuidado” las expectativas en relación con las últimas actuaciones de la fiscalía ante la CPI.
“Aún queda mucho camino que recorrer y Venezuela, como estado parte, tiene varias alternativas a las cuales recurrir. Paciencia y fortaleza. Sigamos…”, escribió en redes sociales.
En febrero del 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar denominado caso Venezuela I, relacionado con los hechos ocurridos en el país a partir de abril del 2017, cuando se registraron masivas protestas antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado.
Recientemente el Gobierno de Maduro inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, “ninguno de los cambios altera el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes”.
En diciembre, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab aseguró que decenas de funcionarios de seguridad han sido imputados por presuntas vulneraciones a los derechos humanos.
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