El Tribunal Supremo de Justicia afín al gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó tres acciones judiciales de las universidades públicas de Venezuela contra una normativa que redujo considerablemente los salarios de decenas de miles de empleados, conocido como el Instructivo ONAPRE, según denuncian sindicatos.
En las últimas dos semanas, el máximo órgano del Poder Judicial venezolano reveló que desestimó tres demandas introducidas entre junio y julio pasado para exigir la nulidad de una norma llamada “Proceso de Ajuste del Sistema de Renumeración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”.
Según gremios de trabajadores de instituciones y órganos del Estado, esa norma redujo sus ingresos mensuales hasta en 40% y eliminó varias primas de bonificaciones desde abril.
Uno de esos fallos de la Sala Político-Administrativa impuso una multa a seis universidades que demandaron la nulidad del Instructivo ONAPRE: La Universidad Central de Venezuela, la de Los Andes, la de Carabobo, la de Oriente, la Experimental Politécnica Antonio José de Sucre y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Según el magistrado ponente, Malaquías Gil Rodríguez, cada una de ellas deberá pagar una sanción “50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela” por haber intentado demandar con presuntas deficiencias. Según cálculos extraoficiales, cada multa puede rondar los 600 dólares estadounidenses.
En la primera sentencia conocida, a raíz de una demanda de nulidad y solicitud de amparo cautelar por parte de la Universidad de Los Andes, se declaró inadmisible un recurso de nulidad y se determinó que tal “Instructivo ONAPRE” es inexistente y se manifiestan dudas sobre la autoría de las tablas y normas utilizadas oficialmente para calcular sueldos.
El magistrado ponente insistió en que el “supuesto instructivo” no es un acto administrativo, como se le denomina en las demandas introducidas.
Desde agosto, miles de maestros, obreros y empleados de la educación protestaron contra el Instructivo ONAPRE en una docena de regiones de Venezuela y contra la decisión del gobierno de Maduro de pagarles sus bonos vacacionales de forma fraccionada.
Las manifestaciones derivaron en el despido del director de la Oficina Nacional de Presupuesto del ministerio de Economía, por orden de Maduro, y en el pago total de las bonificaciones pendientes. Las exigencias de derogar el mencionado instructivo no han arrojado resultados hasta el momento, sin embargo.
Golpes al derecho
La normativa ONAPRE es “un instructivo del terror” y las sentencias recientes del TSJ demuestran “una vez más que no hay estado de derecho” en Venezuela, opina la presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, Molly González.
“Es la máxima de las violaciones sistemáticas contra las universidades públicas. Cuando tienes un TSJ que casi funciona como el bufete privado del Ejecutivo nacional, no podemos decir nada más que esto es una nueva violación”, dice a la Voz de América.
La vocera gremialista de una de las universidades más antiguas del país suramericano acusa al gobierno nacional de “golpear sin cesar la educación pública” y de haber creado una normativa que “barrió con todos los derechos obtenidos en grandes luchas laborales”.
“Que sentencie y además multe a las autoridades es una cosa que solo pasa en Venezuela. No tenemos justicia dentro de Venezuela y clamamos por justicia internacional”, afirma.
La noticia de las sentencias sobre el Instructivo ONAPRE no frenaron las protestas. Este martes, se supo de manifestaciones contra las opiniones del TSJ en cuanto al tema en al menos nueve regiones de Venezuela, como Aragua, Nueva Esparta, Bolívar y Barinas.
Varios voceros sindicales acusaron al gobierno de Maduro de “robarse” sus dineros, en caso de considerar como cierto que el instructivo en pugna no existe. “Nos tienen que devolver todo lo que nos han robado”, exigió el secretario general del Sindicato de Obreros de la UCV en el estado Aragua, Rogelio Castro, según publicó el medio Crónica Uno.
Las manifestaciones estuvieron protagonizadas por personal activo y jubilado de sectores dependientes del Estado venezolano, como la salud y la educación. Una de las sentencias publicadas por el TSJ acusó a los demandantes contra el Instructivo ONAPRE de “temeridad” por presuntamente carecer de razón o de motivos para sus acciones.
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