Varias agrupaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos pidieron el miércoles a un juez federal que emita una orden temporal que suspenda los intentos del gobierno del presidente Donald Trump de eliminar la posibilidad de pedir asilo en la frontera con México.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras agrupaciones presentaron su solicitud en busca de una audiencia el jueves ante un tribunal federal en San Francisco. Los grupos presentaron una demanda el martes y ahora pidieron al juez que bloquee la orden de Trump mientras se escucha el caso. Una segunda demanda está pendiente en Washington, D.C.
Cientos de inmigrantes se han presentado en los cruces fronterizos con la esperanza de entrar a Estados Unidos, pero las nuevas normas, que entraron en vigencia el martes, prohíben a la mayoría de los migrantes solicitar protección como refugiados si han pasado primero por otro país.
Los nuevos requisitos buscan principalmente reducir la migración de centroamericanos que llegan a Estados Unidos a través de México, pero afecta también a migrantes de Sudamérica, África y Asia que llegan a la frontera sur estadounidense.
Es la medida más enérgica hasta ahora del gobierno de Trump para tratar de reducir el número de personas que buscan asilo en la frontera. Surge al mismo tiempo en que ha estallado un revuelo político a raíz de tuits de Trump llamando a ciertas legisladoras de minorías étnicas a “regresar de donde vinieron”.
Las autoridades esperan que las nuevas normas desanimen a los migrantes de abandonar sus países, a fin de disminuir la cantidad de personas que están siendo detenidas por los agentes fronterizos.
Las regulaciones contemplan ciertas excepciones, por ejemplo: si alguien ha sido objeto de tráfico humano, si el país por el cual pasó el migrante no es firmante de uno de los tratados internacionales sobre el trato a refugiados (aunque la mayoría de los países occidentales son signatarios) o si el migrante buscó asilo en otro país y le fue negado.
Sin embargo, los activistas dicen que la medida es ilegal porque evade el proceso establecido por el Congreso para quienes piden asilo. Han comparado el caso con gestiones anteriores hechas por el gobierno de Trump para impedir que pidan asilo los que crucen la frontera ilegalmente, algo que fue frenado por los tribunales federales.
Las leyes de asilo permiten a los migrantes recibir ese tipo de estatus al llegar a territorio estadounidense, independientemente de la manera como lo hagan, aunque hay excepciones para quienes hayan pasado primero por un país considerado “seguro”.
En la frontera norte, Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo de “tercer país seguro” que limita la posibilidad de que alguien que haya pedido asilo en uno de esos países pida asilo en el otro. Estados Unidos ha tratado de forjar un acuerdo similar con México y Guatemala, pero no lo ha conseguido.
El trato que los agentes fronterizos están dando a los migrantes centroamericanos ha sido criticado fuertemente. Los activistas y legisladores demócratas han denunciado condiciones insalubres y atestadas en los centros de detención.
Entre otras cosas, han mostrado niños que intentan cuidarse entre sí, e imágenes de celdas abarrotadas donde algunos retenidos no tienen espacio para dormir.
