Un informe confidencial de inteligencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador muestra que después de un año y medio de una campaña de detenciones de miembros de pandillas en el país, la institución cree que casi 43.000 personas presuntamente relacionadas con las bandas aún no han sido apresadas.
El documento de 19 páginas, que fue reportado por primera vez por InSight Crime, obtenido de forma independiente por Reuters y confirmado como auténtico por la policía, se titula "Apreciación de las pandillas ante coyuntura del régimen de excepción" y está fechado el 1 de septiembre de 2023.
Éste señala que la policía cree que 42.826 personas, o el 36% de los presuntamente vinculados a las pandillas, aún no han sido detenidas. De ellos, más de 20.000 se consideran miembros activos de esos grupos delictivos.
El informe plantea interrogantes sobre cuánto tiempo el Gobierno del país centroamericano pretende mantener la lucha contra las pandillas, sus cálculos sobre cuántos salvadoreños están vinculados a grupos criminales y qué tan estrechamente están conectados los más de 70.000 encarcelados con esas estructuras.
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso del país que aprobara el estado de emergencia en marzo del año pasado, suspendiendo varios derechos constitucionales a fin de capturar a presuntos delincuentes.
Desde entonces, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 72.000 presuntos miembros y colaboradores de pandillas, lo que sitúa al país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. El informe filtrado parece proporcionar información estatal interna poco común sobre la estrategia. La Presidencia se negó a hacer comentarios.
Algunos analistas y grupos de derechos humanos fueron críticos y dijeron que admitir que el Gobierno tiene tantos pandilleros todavía en libertad parece contradecir el mensaje de Bukele de que los que están en prisión merecen estar allí.
"El Estado está jugando con dos narrativas", dijo Noah Bullock, director ejecutivo del grupo salvadoreño de derechos humanos Cristosal. "Quieren decir que han derrotado a las pandillas, pero que también deben justificar que continúen con su represión violando los derechos humanos de los salvadoreños".
El estado de emergencia ha sido muy popular entre los salvadoreños, cansados de décadas de violencia de las pandillas. Los defensores de la medida señalan una caída significativa en los homicidios y delitos como la extorsión y el tráfico de drogas, mientras analistas de seguridad coinciden en que ha asestado un golpe significativo a las estructuras criminales.
Pero también ha sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que dicen que ha dado lugar a abusos generalizados y sistemáticos, como torturas, muertes bajo custodia y detenciones arbitrarias, particularmente de hombres jóvenes en los barrios más pobres.
En febrero de 2023, las autoridades salvadoreñas estimaron que quedaban unas 10.000 detenciones más por realizar, muy por debajo de las 43.000 personas mencionadas en el documento policial.
"Están debilitados, pero existen clicas (células de esos grupos) que pueden llevar a cabo los homicidios ordenados", dice el documento sobre la fuerza actual de las bandas. El departamento de prensa de la Policía declinó responder a una solicitud de comentarios sobre más detalles del informe.
El texto también plantea dudas sobre el rango de los detenidos. Las autoridades clasifican a los presuntos miembros de pandillas en tres categorías: miembros activos, aspirantes a miembros y colaboradores (personas que ayudan a la pandilla pero que no son miembros).
De los arrestados durante la campaña de detenciones, 1.230 son considerados líderes de algún tipo, y 41.673 como "colaboradores", la categoría más ambigua, es decir, el 54% de todos los arrestos, según el documento.
Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, dijo que el informe era consistente con la evaluación de que los que han sido arrestados no lideran esas bandas. "Los que están detenidos son parte de la estructura baja y media de las pandillas", explicó.
Bullock cuestionó la especificidad del informe y añadió que podría indicar que el daño colateral de esta política es mucho mayor de lo que el Gobierno quiere admitir. El informe documenta cuántas personas hay en cada categoría, por ciudad y con el número preciso.
"Si tienen este nivel de especificidad, ¿por qué hacen miles de detenciones arbitrarias de personas inocentes? ¿Por qué arrestan a personas sin orden judicial?", afirmó.
Hasta ahora, el Gobierno ha liberado a 7.000 personas detenidas que, según ha determinado, son inocentes. Para los más de 70.000 detenidos, ha anunciado que celebrará juicios masivos en los próximos meses, lo que generó críticas de grupos de derechos humanos partidarios del debido proceso.
