Las protestas contra el proyecto multimillonario de Minas Conga se cobraron su quinta víctima. José Sánchez Huamán, un joven de 29 años, herido esta semana por una herida de bala en la boca y que se encontraba en coma desde el martes, falleció este jueves.
El primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, Oscar Valdés, anunció en una conferencia de prensa esta muerte, que se suma a la de los tres civiles que fallecieron en Celendín el martes, y a la de una persona más el miércoles en Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc.
Además, doce personas se encuentran hospitalizadas en el hospital de Cajamarca, todas a consecuencia del impacto de balas. Hasta el momento, 21 han resultado heridas desde que comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que se oponen a la puesta en práctica de Minas Conga, un proyecto aurífero de la compañía estadounidense Newmont Mining, que podría conllevar la contaminación de las fuentes de agua de la población local.
El gobierno de Ollanta Humala declaró el estado de emergencia este miércoles en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, que se encuentran bajo control militar con la intención de controlar los disturbios.
Detención de un activista
La región norte de Perú ha sido una de las zonas donde las protestas contra el proyecto aruífero han sido más intensas. En la ciudad de Cajamarca, el activista y exsacerdote Marco Arana fue detenido el miércoles 4 de julio al manifestarse, pero puesto en libertad este jueves 5, junto con ocho estudiantes, por orden de la fiscalía peruana.
A través de las redes sociales, Arana denunció la brutalidad a la que había sido sometido durante su arresto: “Me detuvieron, me golpearon mucho, dentro de la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, riñones, insultos”, comunicó desde su cuenta de Twitter. También se difundieron, por medio de Facebook, varias fotos de su arresto.
"La detención se ha producido porque [Arana] ha estado al parecer promoviendo las reuniones, que están prohibidas en un estado de emergencia", explicó Johnny Díaz, titular de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Cajamarca, haciendo referencia a la suspensión de garantías constitucionales, como el derecho de reunión, de libre tránsito y de inviolabilidad del domicilio que tienen vigencia en estas situaciones.
Desde el punto de vista político, Ollanta Humala fue criticado por no pronunciarse acerca de estos enfrentamientos. “La violencia ha aumentado el descontento social. Es una responsabilidad política que tiene que asumir el gabinete y el señor Ollanta Humala”, dijo el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, en declaración a la radio local RPP, para agregar que la recurrencia “a las armas, al fusil”, se produce cuando “estás incapacitado para llegar a la población”.
El primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, Oscar Valdés, anunció en una conferencia de prensa esta muerte, que se suma a la de los tres civiles que fallecieron en Celendín el martes, y a la de una persona más el miércoles en Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc.
Además, doce personas se encuentran hospitalizadas en el hospital de Cajamarca, todas a consecuencia del impacto de balas. Hasta el momento, 21 han resultado heridas desde que comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que se oponen a la puesta en práctica de Minas Conga, un proyecto aurífero de la compañía estadounidense Newmont Mining, que podría conllevar la contaminación de las fuentes de agua de la población local.
El gobierno de Ollanta Humala declaró el estado de emergencia este miércoles en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, que se encuentran bajo control militar con la intención de controlar los disturbios.
Detención de un activista
La región norte de Perú ha sido una de las zonas donde las protestas contra el proyecto aruífero han sido más intensas. En la ciudad de Cajamarca, el activista y exsacerdote Marco Arana fue detenido el miércoles 4 de julio al manifestarse, pero puesto en libertad este jueves 5, junto con ocho estudiantes, por orden de la fiscalía peruana.
A través de las redes sociales, Arana denunció la brutalidad a la que había sido sometido durante su arresto: “Me detuvieron, me golpearon mucho, dentro de la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, riñones, insultos”, comunicó desde su cuenta de Twitter. También se difundieron, por medio de Facebook, varias fotos de su arresto.
"La detención se ha producido porque [Arana] ha estado al parecer promoviendo las reuniones, que están prohibidas en un estado de emergencia", explicó Johnny Díaz, titular de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Cajamarca, haciendo referencia a la suspensión de garantías constitucionales, como el derecho de reunión, de libre tránsito y de inviolabilidad del domicilio que tienen vigencia en estas situaciones.
Desde el punto de vista político, Ollanta Humala fue criticado por no pronunciarse acerca de estos enfrentamientos. “La violencia ha aumentado el descontento social. Es una responsabilidad política que tiene que asumir el gabinete y el señor Ollanta Humala”, dijo el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, en declaración a la radio local RPP, para agregar que la recurrencia “a las armas, al fusil”, se produce cuando “estás incapacitado para llegar a la población”.
