LIMA - El presidente izquierdista Pedro Castillo cumple el jueves, 28 de julio, un año en el poder. Castillo, antes maestro rural, atraviesa un panorama político complejo según sondeos de opinión que muestran que cuenta con una desaprobación de alrededor del 80%, una cifra no vista en ninguno de sus predecesores en los últimos 20 años.
“Es un gobierno que está muy complicado en materia de lucha contra la corrupción", señaló el politólogo José Alejandro Godoy a la Voz de América. "A un año de mandato, tenemos a un gobernante que tiene cinco investigaciones fiscales abiertas que lo ponen en una situación delicada”, agregó.
El Ministerio Público investiga a Castillo por cinco casos, el primero de los cuales tiene que ver con los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado.
También por un presunto favorecimiento a una empresa para lograr un contrato con la petrolera del Estado peruano. Después, por el plagio en su tesis de maestría y por la licitación de un puente en la selva del país.
Y lo más reciente, por un "presunto encubrimiento" para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal de Castillo.
Pacheco, quien se entregó a la justicia tras estar más de 100 días prófugo, resulta un hombre clave en las pesquisas contra el mandatario, y confesó que este dio la orden para facilitar su huida en marzo, cuando se le dictó prisión preventiva por tres años. También dijo que hubo una red de sobornos para ascender a miembros de la Policía, según informaron las autoridades.
En paralelo a los escándalos de corrupción, la administración de Castillo ha nombrado a más de 60 ministros en lo que va de gobierno.
“No han existido mayores cambios o reformas que Castillo prometió en campaña. No ha existido una dirección clara hacia dónde quiere ir este gobierno. Hay una falta de rumbo y liderazgo del presidente”, apuntó Godoy, catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
Castillo designó al congresista Guido Bellido, representante del Partido Perú Libre, que llevó al poder al presidente, en la jefatura del gabinete de ministros. Luego apostó por Mirtha Vásquez, una abogada progresista y que lideró el Parlamento en 2020; tuvo por un breve periodo al congresista Héctor Valer, quien renunció por denuncias de violencia familiar, y finalmente depositó su confianza en el jurista Aníbal Torres, que se desempeñaba como ministro de Justicia.
“El presidente está solo. Ya no tiene tantos aliados cuando llegó al gobierno. La coalición de izquierda que lo sostuvo en un primer momento se ha dividido. La izquierda progresista, más cercana a Veronika Mendoza, y la facción radical, a Vladimir Cerrón, tienen prioridades distintas”, dijo Godoy sobre las alianzas que tendría Castillo para sostenerse en la presidencia.
El presidente enviará un mensaje a la nación este jueves, del que "se espera muy poco", dijo Godoy.
"Es un presidente que no tiene muchos logros por exhibir debido a que se ha dedicado a sobrevivir en el poder", apuntó.
Godoy menciona que Castillo podría tal vez mencionar como algunos logros que, durante su gestión, se aceleró el proceso de vacunación contra el coronavirus para evitar que una tercera ola de la pandemia tenga efectos negativos. Además, añade, que entregó una ayuda económica a 13.5 millones de peruanos y reactivó la actividad turística tan golpeada en los últimos dos años.
Por su parte, congresistas de la oposición han señalado en los últimos días que hay dos vías para acabar con la crisis política: la vacancia por incapacidad moral o un juicio político al presidente Castillo.
Crisis económica
Según el Banco Central de Reserva de Perú, la economía del país sudamericano cerraría este año con 2,5% de crecimiento. Esta cifra, pronosticó la entidad monetaria, sería incluso mucho menor en 2023.
La percepción de retroceso ya se siente en la población, según una encuesta de la consultora Activa, que reveló que el 90% de los peruanos considera que el país está estancado o retrocediendo en todos los aspectos: políticos, económicos y sociales.
![El 4 de julio decenas de ciudadanos se vieron perjudicados en algunas vías principales de Lima por la falta de buses, lo cual provocó que aparecieran autos informales que aumentaron sus tarifas. [Foto: Cortesía del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú].](https://gdb.voanews.com/10050000-0aff-0242-5425-08da5eb1d2a4_w100_r1.jpeg)
La economista Mercedes Aráoz, ministra en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) y vicepresidenta en la administración de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), sostiene que la gestión de Pedro Castillo ha tenido un discurso antiempresarial que motivó la falta de inversión privada y ha creado la percepción de que Perú no ofrece seguridad jurídica para las empresas.
La exparlamentaria dijo que el gobierno publicó recientemente una norma que alienta la creación de más sindicatos laborales y la viabilidad de las huelgas sin ningún tipo de restricción.
“Es una norma clara antitrabajo. Prácticamente, se podrá llamar a la huelga por cualquier motivo y eso afectará la productividad de las empresas que vienen a invertir al país”, señaló.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los peruanos con empleo formal suman 3,9 millones en el país de 33 millones de habitantes. La población con empleo informal alcanza los 9,5 millones. Además, el 90% de las empresas son microempresas. Sobre este panorama, Aráoz apunta que el gobierno tampoco se ha dedicado a generar trabajo para reducir la brecha de la informalidad que afecta al país hace décadas.
En mayo pasado, la inflación llegó al 8,7% a nivel nacional, según el INEI. Al respecto, Aráoz asegura que no se han tomado las medidas correctas para reducir este fenómeno que se ha desatado a nivel global. Tampoco ha servido reducir los impuestos a los alimentos y a la gasolina, dijo.
Aráoz dijo que el ministro de Economía Óscar Graham "ha permitido que varias iniciativas populistas pasen, como el retiro de los fondos privados y el incremento del sueldo mínimo. Digamos que ha sido un arquero al que le han hecho varios goles”, finalizó.
Promesas incumplidas
La exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, sostiene que el gobierno de Castillo ha mantenido todo lo avanzado en los programas sociales a pesar de la turbulencia política que se ha visto en este primer año de gestión.
![Ciudadanos recolectan firmas, el 19 de junio, en la plaza San Martín para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley aprobada en el Congreso sobre la reforma universitaria en Perú. [Foto: Rodrigo Chillitupa, VOA].](https://gdb.voanews.com/10060000-0aff-0242-df8e-08da538e6620_w100_r1.jpeg)
Sin embargo, no han existido mejoras en los programas, que siguen tal cual fueron creados hace 10 años, indicó.
“Eso podría ser visto como una señal de institucionalidad y continuidad, pero también es todo lo contrario. No ha existido el tiempo ni el interés de las fuerzas políticas para hacer procesos de innovación y adaptación porque la situación de vulnerabilidad de los peruanos es distinta a la de hace 10 años”, dijo.
Trivelli indicó que el gobierno debería tomar algunas medidas para afrontar la escasez de alimentos, como otorgar un bono alimentario para los que están adscritos a los programas sociales, ayudar a albergues y brindar más bonos que cubran las necesidades económicas de las personas más vulnerables.
Según un análisis de la consultora Macroconsult, la tasa de pobreza monetaria se ubicaría en 25% en Perú. Este porcentaje representa un ascenso en comparación a lo registrado en 2019 cuando era del 20,2%.
La evaluación que hace la consultora en mención sobre la tasa de pobreza es que el rebote económico del país al cierre del año pasado no ha sido suficiente para devolver la capacidad de gasto a los hogares y permitir que más personas salgan de la pobreza.
Macroconsult estimó que la pobreza, al término del mandato de Pedro Castillo, sería de 29% en 2026. Nueve puntos más que en los últimos diez años.
Otra de las promesas de Castillo fue convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, unificar el sistema de salud público, desarrollar una segunda reforma agraria y resguardar la calidad del sistema universitario, pero aún no se han realizado.
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