El segundo vicepresidente de Perú, Omar Chehade, quien era investigado por un presunto caso de tráfico de influencias dimitió de su puesto en momentos en que el Congreso se disponía a discutir su desafuero como legislador.
En su carta de renuncia, Chehade dijo que había tomado la decisión de dejar el cargo para no ocasionar “perjuicios a la buena imagen del gobierno”.
Chehade, quien fue abogado del presidente Ollanta Humala y uno de sus más estrechos colaboradores durante la campaña electoral, era desde hacía meses el centro de un escándalo político.
Humala, uno de cuyos lemas electorales fue el de la lucha contra la corrupción, le había pedido a Chehade que dimitiera a raíz del escándalo, pero los reclamos del presidente no habían surtido hasta ahora ningún efecto.
La fiscalía y el Congreso empezaron a investigar al vicepresidente en octubre último, cuando salió a la luz pública que Chehade se había reunido con tres altos oficiales para que presuntamente la policía interviniera a favor de un grupo empresarial en un pleito por una firma azucarera.
En diciembre pasado, el Congreso decidió que no podía ejercer sus funciones como legislador por un plazo de 120 días por infringir el código de ética, y ahora se aprestaba a considerar su inhabilitación por cinco años.
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso concluyó en un informe que el legislador fuera destituido del cargo tras haber determinado que Chehade era culpable del delito de “patrocinio ilegal”.
Según algunos congresistas, la dimisión de Chehade persigue evitar que la acusación llegue a la Comisión Permanente del Congreso y ésta lo inhabilite como legislador.
Además de Chehade, otros dos congresistas del oficialismo han sido suspendidos de sus cargos por estar involucrados en presuntos casos de corrupción.
