LIMA — El Congreso y el gobierno peruano han presentado en las últimas semanas una serie de iniciativas que son vistas por partes del sector como posibles atentados contra la libertad de expresión de los medios de comunicación. En entrevistas con la Voz de América diversos representantes de los gremios de la prensa mostraron sus preocupaciones.
Esto llega en el contexto de una crisis social y política tras la destitución preventiva del expresidente Pedro Castillo y el reemplazo en diciembre de su sucesora, Dina Boluarte.
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“El periodismo se ha convertido en una actividad cada vez más riesgosa. Del 2019 hasta hoy, digamos desde el Congreso dominado por fujimoristas -legisladores afines al gobierno del expresidente de Perú, Alberto Fujimori- hasta ahora, hemos encontrado una situación en la cual el trabajo de la prensa pasó a ser parcialmente asediado por medidas legislativas. Ha habido un empeoramiento en el ecosistema de trabajo de los periodistas”, señala Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
El CPP publicó el 17 de marzo un informe revelador que indica que entre diciembre de 2022 hasta febrero de este año, más de 170 periodistas fueron agredidos, hostigados, amenazados, golpeados y detenidos arbitrariamente en medio de las olas de protestas contra el gobierno de Boluarte y el Parlamento.
Manifestantes, vándalos y efectivos de la policía por igual han coartado el trabajo de la prensa durante las marchas que se dieron en Lima y regiones del interior del país, según menciona el documento del CPP al que la VOA tuvo acceso.
“Esta es la peor situación de la libertad de prensa en los últimos 23 años. Esta es una frase que solemos decir todos los años: ‘Que cada año, empeora, empeora´. El mejor referente es el Índice de Chapultepec que es publicado por la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) todos los años”, agrega Salazar.
El representante del CPP sostiene que la libertad de expresión en el Perú cayó cuatro puestos el 2022 a comparación del 2021. “Este año, seguramente, será mucho peor. Lo que teníamos con el presidente Castillo era una persecución lingüística y verbal, pero ahora ya es amedrentamiento, ataques y robos. Cada vez, peor”, anota.
Colegiatura y control de contenidos
Las iniciativas legislativas que aluden al ejercicio del periodismo comenzaron desde febrero pasado. Las más recientes presentadas al Parlamento se refieren a la colegiatura y cuotas en los contenidos que difunden los medios de comunicación.
La primera, promovida por el Partido Renovación Popular, consiste en que todo periodista debe unirse de manera obligatoria al Colegio de Periodistas del Perú para elevar el “nivel de formación deontológica” y “permitir el autocontrol de la ética en el desarrollo de sus labores”. Si no lo hace, entonces tendría dificultades para ejercer la profesión.
“La colegiatura de periodistas, inicialmente, pudiera parecer adecuada. Es decir, que pertenezcan los periodistas a una entidad, que se acojan a su tribunal de ética y códigos de ética, pero en el fondo lo que oculta es pertenecer a un padrón. ¿Por qué uno tendría que ser exclusivamente periodista para informar al público?”, señala Salazar, advirtiendo que a su juicio no debería aprobarse esta idea en el Congreso.
![Joseph Poliszuk, Roberto Deniz, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, periodista de Armando.Info, posan luego de salir exiliados rumbo a Miami en 2018. [Foto: Cortesía]](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-df70-08db361c6dd0_cx0_cy8_cw0_w100_r1.jpeg)
Salazar recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una opinión en 1985 en el que mencionaba que la colegiatura de periodistas atenta contra el derecho a la opinión. “No lo vemos como una censura absoluta, pero sí como una restricción de voces discordantes”, acotó.
La propuesta de cuota en los contenidos consiste en que los canales de televisión de señal abierta emitan el equivalente a un 30 % de música folclórica o asuntos de cultura al día en sus contenidos.
l director del Consejo de la Prensa Peruana analizó que el proyecto se relaciona a que “en varios países existen ciertas limitaciones a los tipos de contenidos que resultan un mínimo”. Sin embargo, anota que “el problema surge cuando ya hay varias iniciativas que van en la misma dirección, es decir, restricciones a los medios de comunicación. Lo que se puede publicar o no se puede publicar, lo que tiene que haber en las parrillas de programación”.
Salazar cree que se busca obligar a que se emitan ciertos contenidos en los medios.
En este sentido, Estefany Luján, periodista del medio Infobae, señaló en declaraciones a la VOA que en Perú "se están presentando una serie de medidas que perjudican el ejercicio de la profesión periodística". En esa línea, mencionó que el protocolo dispuesto por el gobierno para los periodistas que cubren las protestas busca "restringir el acceso a la información".
"De alguna manera, la policía te dirige en qué lugar debes estar y desde ahí ya es una especie de coartar la libertad de expresión. Hay que recordar que sin este protocolo, más de un periodista ha sido agredido por las fuerzas del orden en el marco de las protestas", anota.
Por su parte, Igor Ibáñez, también periodista de Infobae, agregó que si se aprueba el proyecto de ley que dispone la colegiatura obligatoria de los periodistas, se limitaría parte del oficio, como las investigaciones contra las autoridades políticas.
Acotó también que el aumento de la pena por el delito de difamación también afectaría a la prensa, y más aún a la que es independiente, que siempre accede a información fiscal y judicial de actos de corrupción de funcionarios públicos.
Censura
Hace dos semanas, la Comisión de Justicia del Parlamento aprobó el proyecto que dispone aumentar las penas en los presuntos delitos de difamación y calumnia por la utilización indebida de medios de comunicación social, redes sociales y sitios web.
Las sentencias por calumnia representaban prisión por no mayor a dos años y 30 a 120 días-multa. En tanto, por difamación resulta ser no mayor a dos años y con 30 a 120 días-multa. Con el nuevo proyecto, ambos delitos serán sentenciados por un periodo de tres años y con 90 a 120 días-multa.
Adriana León, jefa del Área de Libertad de Prensa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), señaló a la VOA que esta propuesta “pone alarma en el ejercicio del periodismo, pero sobre todo nos pone en una situación en la que estamos viviendo ya. Con mucha reticencia de parte de la función pública, desde el Ejecutivo y Legislativo. Desde la justicia y otros poderes del Estado”.
“Existe una animadversión contra la fiscalización del ejercicio periodístico hacia la función pública. Entonces, lo que se está tratando es de tener una especie de barreras para generar lo que se llama normalmente la autocensura. Nadie quiere terminar estando preso, querellado o, incluso, sancionado de alguna manera por ejercer esta labor de fiscalización”, agrega León.
Para la representante de IPYS, aumentar la pena por el delito de difamación resulta un retroceso de muchos años y además se daría un claro atentado contra la libertad de prensa, contra el derecho a la información y, sobre todo, contra la libertad de opinión.
“Están tratando de sancionar a las personas que opinan o difunden información a través de redes sociales. Pero justamente también las personas que deseen ocultar información contratan grandes granjas de trolls para poder difamar a los periodistas que investigan de manera seria”, apunta.
León cuestionó que se busque criminalizar a la prensa independiente. “El periodismo no va con el poder, sino que fiscaliza, cuestiona y visibiliza lo que está mal”, zanja.
Protocolo del gobierno
En otra medida en el marco de la ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, el Ministerio del Interior publicó un protocolo de actuación para periodistas durante la cobertura de manifestaciones. Entre las pautas está la prohibición de entrevistar a los manifestantes, no grabar escenas de conflicto y la advertencia de que los periodistas serán ayudados solamente cuando muestran un carnet que indique que está colegiado para ejercer su labor.
“[El protocolo] tiene una visión súper sesgada en la que pareciera que únicamente los manifestantes son los que nos agreden a los periodistas y no hay ninguna mención, o sea, ni siquiera asumen la posibilidad de que un efectivo policial pueda ser un agente agresor de un colega”, opina Lainez, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
“El protocolo, para nosotros, tiene una falla de origen porque no tiene un enfoque”, agrega.
Reacción de la SIP
Frente a todas estas iniciativas en Perú, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación y señaló: "los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio".
De igual manera, el presidente de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, expresó que "los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad".
Sobre la colegiatura obligatoria de periodistas, agregó, que "en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
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