Las únicas veces que el abogado de Miguel Mora y Lucía Pineda ha podido hablar con sus clientes ha sido por teléfono y a través de un cristal oscuro.
Los directores del canal de televisión nicaragüense 100% Noticias fueron arrestados el 22 de diciembre cuando agentes de policía allanaron las instalaciones de su medio. Desde entonces, tanto Mora como Pineda se encuentran en una cárcel de máxima seguridad —conocida como el Chipote, en Managua.
Las denuncias de violaciones de derechos humanos inundan los titulares que salen de Nicaragua: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, hacinamiento carcelario y, como en el caso del canal donde trabajaban estos dos periodistas, cierre de medios.
El gobierno les acusa de delitos de terrorismo e incitación al odio, según contó su abogado, Julio Montenegro, a la Voz de América. El 25 de enero se celebrará la audiencia inicial de su caso, será también la primera vez que pueda hablar por más de diez minutos con sus clientes y que ellos puedan ver a sus familiares después del arresto.
No se sabe mucho sobre cómo se encuentran Mora y Pineda, ya que desde su arresto no se ha podido ver sus rostros. Únicamente en el día de la audiencia preliminar, Montenegro pudo obtener un video en el que se veía que el rostro de Mora, el director del canal, estaba golpeado.
Sobre Pineda, la jefa de prensa, se sabe que le ha tocado dormir en el suelo de su celda, ya que no había espacio para más personas, dijo el abogado.
“No se han podido concretar visitas con sus familiares y eso ha impedido que les den algún colchón o un utensilio de higiene”, explicó Montenegro.
El hermano de Pineda, Francisco, corroboró que su hermana y Mora se encuentra en lo que calificó de "condiciones inhumanas".
"Duermen en el suelo, no les dejan pasar cobijas ni colchones", dijo Pineda, quien vive en Costa Rica por motivos de seguridad, a la Voz de América.
El Ministerio Público de Nicaragua sostiene que Pineda Abau presuntamente propició e "incitó al odio" por razones de discriminación política, "difundiendo en la televisora y en redes sociales informaciones falsas y sin corroborar, con la intención de generar zozobra y odio radical hacia los simpatizantes y miembros del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional".
Los funcionarios del gobierno se niegan a dar más información sobre el caso de los periodistas y su estado.
"No quiero contestar nada de este asunto", dijo a la Voz de América el diputado sandinista cuando se le preguntó sobre el estado de los periodistas.
En el caso de Pineda ha intervenido también el gobierno de Costa Rica, ya que la periodista tiene doble nacionalidad. El presidente Carlos Álvaro Quesada pidió a la Organización de Estados Americanos que abordara la situación en el país después del arresto de Pineda. A principios de enero, la OEA activó el proceso para aplicar la Carta Democrática contra Nicaragua.
Mientras tanto, la defensa se prepara en Managua para probar que no hubo “un atisbo o algún elemento” que pueda llevar a concluir que los periodistas “hayan incurrido en los delitos” de los que se les acusa.
“Nosotros consideramos, por la práctica y por el conocimiento que se tiene a nivel nacional de lo que ha sido 100% noticias, de que eso [las acusaciones] no corresponde con la realidad”, aseguró Montenegro.
El encarcelamiento de Pineda y Mora y el allanamiento de las instalaciones del canal forman parte de una sucesión de cierre y ocupamiento de medios de comunicación en Nicaragua. Otros como Radio Darío, el diario Confidencial y Canal 10 han sido destruidos, amedrentados o violentados por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado el cierre de medios en el país como parte de la “interferencia y el control” de la oficina del presidente a través de los Consejos de Liderazgo Sandinista sobre “los medios de comunicación” y las organizaciones de derechos humanos.
Después de la audiencia el viernes (18 de enero), la defensa de Mora y Pineda entrará en una “etapa de presentación” de pruebas y de allí se iniciará un “proceso contradictorio”. Montealegre lamenta la falta de transparencia en los procedimientos.
“No son procesos públicos ni se permite la entrada de familiares o medios”, dijo el abogado.
Escuche aquí la entrevista completa:
Colaboración entrevista: Gioconda Tapia Reynolds
