Sonny Figueroa no tiene miedo. Solo por una razón: la verdad.
A pesar de las amenazas en su contra, incluso de muerte, el periodista guatemalteco, de 29 años, explica que la labor periodística en Guatemala es cada vez más difícil y acusa a los agentes del Estado.
Es fundador del medio independiente Vox Populi, en el que ha registrado diferentes denuncias en contra del presidente y su círculo político, desde marzo de 2020. Hablar de estos temas le ha generado una lluvia de agresiones, amenazas y actos arbitrarios que, según expone, han sido orquestados por agentes estatales.
“Durante todos esos meses del 2020, publicamos textos que resultaron incómodos para el mismo presidente porque revelamos cómo, para empezar en campaña, él tuvo una serie de asesores, más de 20 asesores extranjeros, de los cuales no se tiene información de cuánto pagó, porque obviamente estos controles nunca se reportaron al Tribunal Supremo Electoral”, contó el periodista en entrevista con Voz de América.
Pero esto fue solo el comienzo. También ha cuestionado la comisión presidencial del Centro de Gobierno, paralela al gabinete, al investigar a sus integrantes, los sueldos, las hojas de vida de una comisión dirigida Miguel Martínez, uno de los asesores más cercanos al mandatario.
Tras esta publicación, Sonny le dijo a VOA que fue detenido por la policía bajo el argumento del escándalo en la vía pública y soborno; también dice que fue golpeado. Tras permanecer 21 horas detenido y por falta de pruebas, fue excarcelado y la Fiscalía de Delitos contra periodistas inició una investigación y detuvo posteriormente a los dos agentes, quienes fueron presentados ante un juez y enfrentan un proceso por abuso de autoridad. Tras la detención de los agentes, dice que también recibió una amenaza de muerte.
Luego, junto a un colega, presentó una investigación que revelaba que el presidente, a los pocos meses de haber asumido el cargo, se compró -según el periodista- una finca avaluada en 2.5 millones de dólares y que, en el interior de esta, se estaba construyendo una mansión avaluada en 1.5 millones de dólares. Así como la construcción de una carretera de unos 8 millones de dólares, para beneficiar a esa finca. Una semana después, cuenta, recibió una amenaza de muerte y hasta lo intentaron apresar por escándalo en la vía pública, cuando se encontraba en un restaurante privado.
En 2021, publicó varias investigaciones relacionada con la compra de propiedades en un exclusivo residencial cerca de Antigua Guatemala, por parte de la Familia de Miguel Martínez. Tras el hecho, dice Sonny, la madre y hermana de Martínez presentaron una denuncia utilizando la ley contra el feminicidio, aduciendo que él y su colega habían “cometido violencia contra la mujer en su manifestación psicológica”.
Sonny sostiene que en Guatemala ahora es común usar este delito para alejar a los periodistas de las fuentes. En su caso, durante seis meses, le fue prohibido publicar información relacionada con el funcionario y esta familiar, y no puedo acercarse al Congreso.
Explica que a través de las redes sociales también han sido asediados y amenazados, además, con temas personales y familiares.
Después de publicar a mediados del pasado año un libro con la compilación de 15 investigaciones que involucraban al presidente y su círculo cercano, recibió de nuevo amenazas de muerte, y aunque ha presentado las demandas respectivas ante el Ministerio Público, el periodista le dijo a VOA que ninguna investigación ha avanzado.
La publicación del libro, junto a su colega, lo obligó a acogerse a un programa de protección y radicarse en Costa Rica por tres meses, pero dice que decidió volver para seguir haciendo periodismo investigativo.
“Desde que surgieron las amenazas, hemos sufrido ataques, hemos sufrido seguimientos, en ningún momento hemos considerado dejar de publicar algún tipo de investigación. Es más, con más ganas publicamos lo que hacemos porque consideramos que lo que pretenden en eso, verdad, generarte miedo y que no publiques contenido que va a revelar los abusos del gobierno de turno. Entonces no, no lo hemos hecho”, asegura Sonny.
Los entes de control
Para el periodista, en Guatemala se está utilizando el sistema de justicia para criminalizar a los periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno.
En el país centroamericano, el presidente tiene injerencia sobre instituciones el Congreso de la República, el Ministerio Público, la Corte Suprema y la Corte Constitucional, dice Figueroa. De esta manera, agrega, “el sistema de Justicia se presta para empezar a criminalizar a los medios de comunicación y a los periodistas críticos de la administración… En estos dos años de la presidencia de Alejandro Giammattei, se ha criminalizado más labor periodística”.
La Asociación de Periodistas de Guatemala emitió un comunicado en enero, en el que denuncia que las agresiones contra comunicadores y medios van en aumento con el gobierno actual e indica que el presidente es el responsable directo de agresiones a periodistas medios de comunicación.
Al respecto, Mario Recinos Lima, presidente de la Junta Directiva de la asociación explicó a VOA que en su país “ha habido una actitud, cada vez más confrontativa, contra el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación”.
Según un informe de la asociación presentada en noviembre de 2021, el interés del actual Gobernante Alejandro Giammattei por menoscabar la libertad de expresión provocará que su gobierno se convierta en el período con más ataques hacia la prensa y que el ambiente de trabajo para los periodistas sea cada vez más difícil”.
De acuerdo con cifras del Observatorio de Medio de la asociación, la APG registró 135 casos de agresiones contra comunicadores y medios durante segundo año de gobierno de Giammattei.
Para Recinos, el papel del presidente debe ser de unidad y no “una actitud de rechazar y de desmentir a los medios cuando hay pruebas fehacientes que lo señalan en el tema este de haber recibido, en su oportunidad, un dinero para la campaña política”.
En febrero, el Gobierno de Guatemala negó que el presidente recibiera sobornos para financiar su campaña cuando se postuló como presidente en 2019.
Por otro lado, Recinos indica que “el Ministerio Público sigue las directrices a todas luces de lo que el Ejecutivo pretende que se haga en la justicia” y agrega que tanto esta, como el Organismo Judicial y el congreso son entidades que se han distanciado cada vez más de los periodistas y les han cerrado sus puertas.
Incluso, dice que periodistas y reporteros que cubren la fuente judicial han sido a veces hasta cuestionados a efecto de quererles pretender sacar los datos de su fuente de información.
¿Protección a periodistas?
Recinos y Figueroa coinciden en que, desde hace más de diez años, se han insistido en Guatemala en la creación del programa de protección a los periodistas sin haber dado ningún fruto.
“En este momento, nosotros creemos que no hay condiciones, porque continúan las agresiones, continúan los señalamientos y sobre la criminalización hacia los medios”, dice el vocero de la asociación de periodistas.
Por su parte, Figueroa dice que cuando un periodista sufre ataques y amenazas, el mecanismo que se activa es el del Ministerio Público o la Fiscalía de delitos contra periodistas, una instrucción a la Policía Nacional Civil para que, a través de una unidad que se llama Unidad de Protección a Personalidades, haga una evaluación de riesgo y te den agentes policiales.
“Los agentes policiales pueden ser tener los 24/ 7 en tu casa. En tu oficina o simplemente seguridad perimetral. Pues lamentablemente, en mi caso fue que la Policía Nacional Civil es la institución que más nos acosa a nosotros”, dice el periodista. Por esta razón, Sonny ha descartado recibir la protección de agentes policiales: “No podemos tener al enemigo en nuestras casas, en nuestra oficina”.
Aunque hasta el momento, lleva una año solicitando a la CIDH que se les otorguen, a él y a su colega, medidas cautelares, dice que ha sido “bien difícil porque al final hemos prácticamente estado solos en esta lucha”.
¿Qué dice el Gobierno?
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala respondió a la VOA, a través de un mensaje escrito por WhatsApp, el gobierno "respeta a la actividad de los periodistas, a la libertad de prensa y a la libre emisión del pensamiento".
"El gobierno de Guatemala en ningún momento ha realizado actos de censura hacia medios de comunicación, reservándose únicamente el derecho de aclaración para no tergiversar la información”, puntualiza el texto.
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