El gobierno de Nicaragua fue acusado el miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no implementar las medidas cautelares ordenadas por dicho organismo, en beneficio de periodistas independientes que acusan al presidente Daniel Ortega de mantener una campaña sistemática contra la libertad de expresión.
El organismo que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA) escuchó a periodistas del país sudamericano sobre la situación actual.
Uno de ellos fue Carlos Fernando Chamorro, periodista e hijo de la expresidentea Violeta Barrios de Chamorro, quien afirmó que el periodismo independiente en Nicaragua se encuentra en un estado de indefensión.
Explicó que órganos del Estado como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional y el Sistema Judicial no son más que instrumentos que el gobierno de Ortega usa para violar los derechos humanos de los nicaragüenses y no para salvaguardarlos.
"La indefensión en la que se encuentran los medios de comunicación nicaragüenses obedece al sometimiento que desde hace una década, el gobierno de Daniel Ortega impuso sobre los poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Electoral", aseguró.
"Todos obedecen a la voluntad de Ortega y todo se decide en la Residencia de El Carmen", explicó Chamorro, refiriéndose al lugar donde está el complejo habitacional fuertemente custodiado en que reside Ortega, junto a su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo, sus hijos y nietos.
Nicaragua se encuentra sumida en una profunda crisis política desde que el 18 de abril del año pasado se iniciaron protestas civiles que fueron violentamente reprimidas por el gobierno de Ortega, dejando a más de 300 personas muertas y a centenares encarcelados o desaparecidos, según la misma CIDH.
Unos 70,000 nicaragüenses se han ido a países vecinos, mientras la economía de la nación centroamericana ha ido en caída libre debido a la crisis.
Según Chamorro, que está exiliado en Costa Rica, nada ha cambiado desde febrero pasado, cuando la Policía Nacional allanó los estudios y oficinas de su programa televisivo Esta Semana, y de su revista impresa Confidencial, confiscando equipos, archivos de vídeos y documentos, así como ocupando ilegalmente el inmueble, que no pertenece a dichas publicaciones.
Chamorro explicó que han introducido tres Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia sin obtener ninguna respuesta. La Fiscalía tampoco ha tomado ninguna acción en relación a la acusación presentada contra el Jefe de la Policía Nacional, comisionado Francisco Díaz, por los supuestos delitos de “robo con fuerza”, por la usurpación de los equipos, archivos y local de Confidencial y Esta Semana.
Desde su exilio en 2018 en Costa Rica, ha seguido transmitiendo su programa televisivo "Esta Semana" a través del portal de Youtube, y su boletín de noticias Confidencial a través de su página en internet. Pero ni ahí, explicó Chamorro, han quedado libre de los ataques.
El progubernamental Canal 13 presentó una acusación ante Youtube de que “Esta Semana” estaba supuestamente violando derechos de autor al transmitir imágenes que dicho canal alegaba eran suyas. Youtube sacó de su portal al programa “Esta Semana”, pero lo restableció 24 horas más tarde.
Temas como la situación que enfrentan los campesinos fueron también abordados.
Más denuncias de periodistas contra Ortega
Junto a Chamorro declararon los periodistas Aníbal Toruño, de Radio Darío, de la occidental ciudad de León, y Sergio León, propietario y director de la emisora Radial, La Costeñísima, ubicada en la Costa Atlántica.
Los comunicadores pidieron medidas cautelares provisionales, ya que el gobierno hasta ahora no ha tomado ningún paso para instaurar las medidas de protección que la CIDH había ordenado anteriormente a favor de periodistas de Nicaragua que habían sido atacados, encarcelados o amenazados por la Policía Nacional o grupos paramilitares progubernamentales.
Según León, el gobierno montó una campaña de amenazas contra su principal periodista y locutor hasta lograr que éste renunciara, con la intención de desarticular la operación noticiosa de la emisora La Costeñísima. Asimismo, ha lanzado ataques cibernéticos en los que hasta 36,000 personas entraron al portal digital de la emisora con la intención de saturarlo y bloquearlo.
"Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega no ha cumplido con nada de lo que el mundo le ha pedido", afirmó Toruño.
Explicó que según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organismo de defensa de la libertad de expresión, en Nicaragua hay cerca de 1.580 reportes de ataques y agresiones a periodistas. Se refirió al caso del matutino El Nuevo Diario, al que el gobierno le tiene retenido sus cargamentos de papel desde hace meses, poniendo en peligro su supervivencia.
Tanto Toruño como León, que siguen trabajando en Nicaragua, aseguran seguir siendo blanco de amenazas y acciones intimidatorias. Toruño, quien estuvo refugiado en Estados Unidos durante nueve meses, regreso al país a inicio de julio pasado. Al llegar, fue recibido por líderes opositores que lo escoltaron hasta la ciudad de León. En el trayecto, fueron detenidos por la Policía, la cual permitió que un grupo de simpatizantes del gobierno atacaran los vehículos con balas, piedras y bates de aluminio.
Un vehículo en dicha caravana que era conducido por José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) recibió un impacto de bala en su cristal delantero. Nadie resultó lesionado, pero el incidente generó enérgicas protestas de quienes lo consideraron un atentado con el objeto de intimidar las voces críticas al gobierno. En la caravana viajaba también el comentarista independiente, Jaime Arellano, quien también estuvo exiliado durante varios meses.
Antonia Urrejola, segunda Vicepresidente de la CIDH, lamentó la ausencia en la audiencia especial del miércoles de un representante del Estado de Nicaragua, y de que se haya limitado a enviar una nota escrita sobre lo temas que se abordarían.
Urrejola aseguró a los periodistas que expusieron la situación que viven en Nicaragua, que presentaría ante la Comisión en pleno sus solicitudes de medidas cautelares adicionales y darían seguimiento a su cumplimiento por parte del gobierno de Nicaragua.
El relator especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, afirmó que fectivamente nada ha cambiado ante las apelaciones de la OEA y otros organismos para que en Nicaragua se respeten los derechos humanos.
