La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno de Estados Unidos a suspender la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias, la cual está programada para el miércoles.
Tamayo, de 46 años y oriundo de Miacatlán, en el estado de Morelos, fue encontrado culpable en 1994 del asesinato del policía de Texas, Guy Gaddis, y de haber intentado escapar tras el asesinato. El reo padece de retraso mental.
La CIDH concluyó que las autoridades de Texas violaron las previsiones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares a las que Estados Unidos está suscrito, al no otorgar el derecho a contactar a un funcionario consular en el momento de ser detenido en 1994.
A través de medidas cautelares, la CIDH solicitó a Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital. "El proceder a su ejecución a este punto constituiría una seria e irreparable violación a los derechos más básicos a la vida salvaguardada por el derecho internacional", señaló la CIDH.
La ejecución constituiría además un desacato del "Fallo Avena" emitido en 2004 por la Corte Internacional de Justicia, de la ONU, que ordenó a Estados Unidos la revisión de los casos de 51 reos mexicanos condenados a muerte, incluido Tamayo.
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, quien ha pedido a Texas que suspenda la ejecución, insiste en que no rectificar la violación de la notificación consular pone en riego a los estadounidenses en el extranjero que cuentan con ese derecho.
El gobernador republicano de Texas, Rick Perry, se ha negado hasta ahora a suspender la ejecución bajo el argumento de que todo el que comete un crimen en el estado de Texas, debe pagarlo. Además, Tamayo confesó el crimen, aunque lo hizo sin la presencia de un abogado.
Un miembro de la familia de Tamayo ha puesto a disposición una petición dirigida al Gobernador para detener la ejecución del mexicano en el sitio web alzatuvoz.org.
Tamayo, de 46 años y oriundo de Miacatlán, en el estado de Morelos, fue encontrado culpable en 1994 del asesinato del policía de Texas, Guy Gaddis, y de haber intentado escapar tras el asesinato. El reo padece de retraso mental.
La CIDH concluyó que las autoridades de Texas violaron las previsiones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares a las que Estados Unidos está suscrito, al no otorgar el derecho a contactar a un funcionario consular en el momento de ser detenido en 1994.
A través de medidas cautelares, la CIDH solicitó a Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital. "El proceder a su ejecución a este punto constituiría una seria e irreparable violación a los derechos más básicos a la vida salvaguardada por el derecho internacional", señaló la CIDH.
La ejecución constituiría además un desacato del "Fallo Avena" emitido en 2004 por la Corte Internacional de Justicia, de la ONU, que ordenó a Estados Unidos la revisión de los casos de 51 reos mexicanos condenados a muerte, incluido Tamayo.
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, quien ha pedido a Texas que suspenda la ejecución, insiste en que no rectificar la violación de la notificación consular pone en riego a los estadounidenses en el extranjero que cuentan con ese derecho.
El gobernador republicano de Texas, Rick Perry, se ha negado hasta ahora a suspender la ejecución bajo el argumento de que todo el que comete un crimen en el estado de Texas, debe pagarlo. Además, Tamayo confesó el crimen, aunque lo hizo sin la presencia de un abogado.
Un miembro de la familia de Tamayo ha puesto a disposición una petición dirigida al Gobernador para detener la ejecución del mexicano en el sitio web alzatuvoz.org.
