Comunidades indígenas acatan, desde este lunes, un paro nacional indefinido en Guatemala con el que pretenden, de la mano de organizaciones civiles y estudiantiles, que la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana renuncien a sus cargos.
Los indígenas han bloqueado 24 carreteras clave en el país centroamericano. Asimismo, han advertido que de no obtener lo que piden en los próximos días bloquearán fronteras, aduanas y aeropuertos. A parte de cerrar el Ministerio Público.
“De ellos depende ahorita, nosotros como pueblos indígenas originarios venimos a una manifestación pacífica. No venimos a pelear, no venimos a quebrar vidrios ni a dañar estructuras. Pero si va a ser necesario cerrar el Ministerio Público lo vamos a hacer. Vamos a pedir que todos desalojen el edificio”, dijo Luis Pacheco, presidente de la agrupación 48 Cantones de Totonicapán frente a la sede de la Fiscalía.
Los manifestantes exigen, además, que el Ministerio de Gobernación detenga el uso de agentes antimotines en los municipios San Julián y Tactic, en el departamento de Alta Verapaz, donde temprano se reportó el uso de la fuerza por parte de las autoridades en contra la comunidad indígena Q’eqchi’ que protestaba pacíficamente.
El Ministerio de Gobernación instruyó temprano a la Policía Nacional Civil para que el uso de la fuerza se realice con base en “el análisis de riesgo correspondiente”. En un comunicado, la institución dijo que la Policía “debe atender los requerimientos que, dentro de los límites legales, reciba del Órgano Judicial, el Ministerio Público y demás entidades”.
El pasado 29 de septiembre, el Ministerio Público de Guatemala, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e incautó las actas electorales 4 y 8, que contienen la suma de los votos por mesa de votación y la suma de los votos por distrito, en un hecho sin precedentes.
De acuerdo con Curruchiche, el fiscal a cargo de la diligencia, los allanamientos se dieron tras la supuesta denuncia de un ciudadano guatemalteco quien pidió investigar “anomalías” en las pasadas elecciones.
En respuesta a la diligencia, el pleno de magistrados del organismo electoral condenó las acciones fiscales a las que calificó de "intimidatorias", y añadió que únicamente buscan "poner en duda los resultados electorales ya oficializados", en donde Bernardo Arévalo y Karin Herrera, del Movimiento Semilla, resultaron electos.
Ante estas acciones, el movimiento “48 cantones”, que articula a las distintas autoridades indígenas y comunitarias de las aldeas, cantones y zonas del municipio de Totonicapán, en el departamento del mismo nombre, advirtieron del bloqueo un día después de los allanamientos.
“Con sus acciones arbitrarias están atentando en contra de la democracia, la autonomía de nuestro pueblo y su orden constitucional (…) Por ello nos declaramos en paro nacional indefinido haciendo una convocatoria a todos los ciudadanos y organizaciones del país a unirse”, señala el comunicado.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) llamó a la ciudadanía a manifestar su descontento sin bloquear las carreteras del país.
“Es importante que los guatemaltecos puedan ejercer otros derechos, como el de libre locomoción”, dijo la gremial en una publicación en su cuenta de X, en la que hizo hincapié a que las carreteras se encuentren libres para no afectar las labores, los estudios y los centros de salud.
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