El Parlamento opositor de 2015 y la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista se pronunciaron respecto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que rechazó las objeciones preliminares presentadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el diferendo territorial entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo, que comprende unos 160.000 kilómetros cuadrados.
La AN oficialista acordó respaldar las “políticas, planes y programas” emprendidos por Maduro para la defensa del territorio Esequibo con criterios “firmemente patrióticos” y considerar la “validación” de los argumentos emitidos por el Estado venezolano ante la CIJ, al reconocer el poder de revisar “la conducta ilícita del Reino Unido”.
Además, manifestó su respaldo a la comisión de juristas que trabajan en el proceso de defender los intereses “legítimos” del país.
Hermann Escarrá, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía, aseguró que van a “coadyuvar” las políticas públicas de Estado de Maduro y dijo que corresponderá al presidente decidir si continuar el proceso en la CIJ el 8 de abril, plazo máximo establecido por el tribunal para que Venezuela presente su contramemoria en el caso.
“O la otra vía, artículo 36 y 37 de la Carta de las Naciones Unidas, nos vamos directamente al Consejo de Seguridad a resolver esta situación. Pudiera el presidente tomar otras medidas que están previstas en la Constitución, en los documentos estratégicos, en los análisis, en las opiniones, dictámenes, doctrinas sobre esta materia”, expresó Escarrá durante su intervención en la sesión de la AN del jueves.
Posición del Parlamento de 2015
Tras rechazar la decisión de la CIJ, la AN de 2015, por su parte, exhortó a la representación oficial de Venezuela ante la Corte a defender los derechos e intereses de Venezuela en el litigio en el que Guyana espera que el tribunal juzgue la validez del Laudo Arbitral de Paris de 1899, que otorgó el territorio al Reino Unido y Guyana cuando aún era colonia y, en ese sentido, constituir con “urgencia” un “equipo de defensa profesional y no político integrado por expertos”.
“Con serenidad, responsabilidad y con la participación de todos los sectores nacionales para que proceda a preparar la contramemoria correspondiente para responder a los argumentos presentados por la República Cooperativa de Guyana en su demanda unilateral, incoada en marzo de 2018, sobre la pretendida validez del Laudo de 1899”, resalta el acuerdo parlamentario.
Además, repudió que por “mal asesoramiento del régimen, la sentencia de la CIJ haya sido desfavorable al reconocer la demanda de Guyana contra Venezuela sobre la soberanía del Esequibo y denunció el “fracaso” de la política internacional y de la estrategia “equivocada” del gobierno de Maduro.
Tanto Venezuela como Guyana consideran suyo el territorio Esequibo; en 1966 fue firmado el Acuerdo de Ginebra para dirimir el conflicto sobre la soberanía, luego de que Venezuela considerara nulo e irrito el Laudo Arbitral de Paris de 1899.
En 2018 Guyana acudió unilateralmente a la CIJ, principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedir resolver el diferendo.
En 2020, la CIJ se declaró “competente” para examinar la disputa fronteriza que desde hace más de 100 años mantienen Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo, lo que ha sido objetado por Caracas que considera el Acuerdo de Ginebra como el “mecanismo idóneo” para resolver la controversia territorial.
El Estado venezolano asegura que “no reconoce” el mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia y ratificó que el Acuerdo de Ginebra es el “único instrumento válido” para resolver la controversia territorial.
“La República Bolivariana de Venezuela evaluará sus implicaciones de manera exhaustiva y adoptará todas las medidas a su disposición para la defensa de sus legítimos derechos e integridad territorial”, resalta un comunicado leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez la semana pasada.
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