La ministra de Fomento de España, Ana Pastor, dijo este lunes que su gobierno y el panameño buscan la forma de mediar en el conflicto surgido entre el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá sobre las obras de ampliación de la vía interoceánica.
Tras reunirse con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, en la capital de la nación centroamericana, Pastor dijo que GUPC, del que forma parte el consorcio español Sacyr SA, se ha comprometido a dialogar con las autoridades del Canal por el bien de los dos países y de la comunidad marítima internacional.
Pastor precisó que, aunque ambos gobiernos no buscan involucrarse en el conflicto porque se trata de un diferendo entre empresas, “estamos colaborando para llegar a una solución”.
Según declaró Martinelli “las reuniones van a resolver los conflictos”, y la ministra recalcó que el compromiso hecho por el consorcio a cargo de la ampliación del Canal es que “todas las reclamaciones van a ir por la vía dentro del contrato (…) por lo tanto ya hay ahí un primer acuerdo”.
El diferendo entre las dos partes estalló después de que Sacyr amenazó con abandonar las obras si las autoridades del Canal no cumplían con el pago de unos $1.600 millones de dólares que excedieron el costo original del proyecto.
Tras reunirse con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, en la capital de la nación centroamericana, Pastor dijo que GUPC, del que forma parte el consorcio español Sacyr SA, se ha comprometido a dialogar con las autoridades del Canal por el bien de los dos países y de la comunidad marítima internacional.
Pastor precisó que, aunque ambos gobiernos no buscan involucrarse en el conflicto porque se trata de un diferendo entre empresas, “estamos colaborando para llegar a una solución”.
Según declaró Martinelli “las reuniones van a resolver los conflictos”, y la ministra recalcó que el compromiso hecho por el consorcio a cargo de la ampliación del Canal es que “todas las reclamaciones van a ir por la vía dentro del contrato (…) por lo tanto ya hay ahí un primer acuerdo”.
El diferendo entre las dos partes estalló después de que Sacyr amenazó con abandonar las obras si las autoridades del Canal no cumplían con el pago de unos $1.600 millones de dólares que excedieron el costo original del proyecto.
