El congreso de Panamá aprobó el viernes un proyecto de ley que declara una moratoria a la minería metálica por tiempo indefinido en todo el país, aunque la medida no incluye una reciente concesión cuprífera a una filial de la canadiense First Quantum que ha desatado masivas protestas.
A fines de octubre, buscando calmar las manifestaciones populares, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo autorizó un decreto para prohibir las nuevas concesiones mineras. Sin embargo, la norma aprobada el viernes incluye varios cambios al texto presentado por el mandatario.
Con 59 votos a favor y ninguno en contra, la norma prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción y explotación de minerales metálicos: básicos, ferrosos, preciosos y radioactivos. La norma entró rápidamente en vigencia tras ser firmada por el mandatario y publicada en la gaceta oficial.
Hace tres semanas, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó una concesión por 20 años prorrogables con Minera Panamá, unidad local de First Quantum Minerals. Sin embargo, pobladores y organizaciones civiles rechazan el acuerdo argumentando que está plagado de corrupción, es leonino a favor de la minera y perjudicial para el medio ambiente.
Desde entonces, las protestas en contra del contrato se incrementaron en todo el país. El viernes, la gente en las calles acogió con satisfacción la aprobación del proyecto de ley, pero aseguraron que seguirán protestando ya que no cambia el estado del contrato con la minera canadiense.
El enfrentamiento por el futuro de la mina, que representa alrededor del 4,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, ha provocado que las acciones de First Quantum pierdan casi la mitad de su valor en los últimos días.
"Esta es la mejor ley que se pudo lograr en este momento, en esta coyuntura", dijo la diputada independiente Walkiria Chandler, tras finalizar la sesión.
"¿Las cosas pueden ser mejor? ¡Sin duda! [Pero] dada la composición política de la Asamblea, que se haya podido recoger lo que grupos ambientalistas plantearon en este proyecto de ley, es bastante positivo", agregó.
Según los términos del nuevo contrato, la minera pagaría un mínimo de 375 millones de dólares anuales al Gobierno a cambio de dos décadas de operaciones continuas, con la opción de extenderlas otros 20 años.
La corte suprema del país está considerando varias impugnaciones al contrato y, en última instancia, puede decidir su validez legal.
Más temprano, First Quantum dijo el viernes que la producción en su mina Cobre Panamá no se ha interrumpido pese a que las protestas incluyen bloqueos de carreteras y escasez de ciertos suministros.
