La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este viernes una sesión ordinaria en donde se expuso la situación de personas en Nicaragua a quienes se les han otorgado medidas cautelares desde que empezó la crisis en 2018.
Edgar Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quien estuvo a cargo de la sesión, dio la palabra a organizaciones de la sociedad civil ante la ausencia de representantes del gobierno de Nicaragua.
Carmen Herrera, del Instituto de Raza e Igualdad, destacó que gran parte de las personas beneficiarias de medidas cautelares fueron detenidas entre 2018 y 2021 por ejercer sus derechos a la protesta cívica, libertad de expresión y derecho de reunión.
“Gran parte de los presos políticos participaron de las protestas y fueron detenidos con un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza al punto de sufrir lesiones físicas que aún no han sido atendidas adecuadamente”, lamentó Herrera.
La activista dijo que las medidas cautelares abarcan a 60 personas, de las cuales 44 continúan privadas de libertad por motivos políticos y sólo siete han sido excarceladas.
“Las nueve personas restantes son familiares, incluidos cinco niños, niñas y adolescentes. Quienes nos encontramos aquí representamos a 56 de los beneficiarios. Estas personas fueron detenidas entre 2018 y 2021 por ejercer sus derechos a la protesta cívica, libertad de expresión y derecho de reunión”, contabilizó Herrera.
Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, manifestó que la situación de salud de las personas presas políticas en el país sigue siendo crítica.
Además recordó que la CIDH refirió al Estado en sus resoluciones de otorgamiento de las presentes medidas que garantiza el acceso a una evaluación médica especializada sobre su situación actual de salud y que se les otorgue tratamiento y los medicamentos necesarios.
Subrayó que ninguna de las personas beneficiarias de estas medidas cautelares debería estar privada de libertad.
“Consideramos que, como ya lo ha ordenado la Corte Interamericana en los casos de otras personas privadas de libertad por motivos políticos, esta ilustre Comisión debería solicitar su liberación inmediata”, agregó.
Expuso que sólo esto permitiría evitar “que se sigan materializando los daños a los derechos a la vida e integridad que llevaron a las representaciones a solicitar las medidas cautelares”.
En ese sentido Karina Sánchez, de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres de Derechos Humanos, subrayó que “el régimen” ha desatado desde abril del 2018 una “represión” que ha sido generalizada, “sistemática y profundamente patriarcal”, y puno de los principales objetivos han sido las mujeres que defienden derechos.
![Cientos de personas protestan en la Plaza de la Constitución de Guatemala el 21 de noviembre de 2020 contra la aprobación del presupuesto para 2021 y pidiendo la renuncia de las autoridades. [Foto: VOA / Eugenia Sagastume]](https://gdb.voanews.com/eee54d9a-0c5e-4f5e-840d-2088f4e86107_w100_r1.jpg)
De igual forma recapituló que según el Registro Mesoamericano de Mujeres Agresoras, sólo desde enero de 2020 hasta mayo de 2022 se han producido 4.141 agresiones, lo que supone un promedio aproximado de 4.7 agresiones por día a mujeres.
El abogado Carlos Guadamuz, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, señala que pese a las medidas cautelares, la tortura en Nicaragua continúa siendo una práctica sistemática y generalizada, “lo que exacerba la situación de vulnerabilidad e indefensión de las personas presas políticas”.
Manifestó que durante los últimos seis meses, opositores detenidos por razones políticas “han sido víctimas de golpizas, amenazas de muerte, de reclusión indefinida o de quitarles a sus hijos”.
“Sabemos que algunos beneficiarios han sido colgados con grilletes en las manos de un portón en el centro penitenciario. También han sufrido incomunicación con sus familias por largos periodos o suspensión injustificadas de las visitas en comunicación con el mundo exterior sin acceso a ningún tipo de noticias, material de lectura o religioso”, dijo el activista, exiliado en Costa Rica
Durante la audiencia se proyectó el testimonio de una madre de un expreso político que no se identificó por temor a represalias que expuso la detención de su hijo en 2018.
“Nosotros conocemos la crueldad. Es uno de los regímenes más sanguinarios y corruptos de la historia latinoamericana”, denunció la madre.
El gobierno de Daniel Ortega niega las acusaciones de violaciones de derechos humanos y sostiene que las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado para derrocarlo.
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