El gobierno del presidente Daniel Ortega, que ha emprendido una arremetida contra las organizaciones no gubernamentales desde el año 2018, cancelará 83 oenegés más esta próxima semana, la cifra más grande hasta el momento.
La iniciativa que fue introducida a la Asamblea Nacional por el diputado oficialista Filiberto Rodríguez se tendrá que aprobar en el legislativo el cual controla el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que es el partido de Ortega.
Dentro de las organizaciones que serán canceladas se encuentran algunas enfocadas en los derechos humanos, derechos de la sociedad civil y de organizaciones lingüísticas como la Academia Nicaragüense de la Lengua.
De igual forma se anulará la Fundación Enrique Bolaños, la cual dirigía el expresidente nicaragüense, quien gobernó entre 2002 y 2007 y que falleció en junio de 2021.
Según el sitio web de dicha organización, esta nace del sueño del expresidente Enrique Bolaños Geyer con el objetivo de recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses.
Argumentación para cancelar organizaciones
En el documento oficial, el diputado Rodríguez argumenta que las oenegés supuestamente incumplieron con normativas para el funcionamiento de los organismos sin fines de lucro, como registrarse como Agentes Extranjeros y no presentaron los estados financieros. Tampoco estos organismos informaron sobre donaciones provenientes del exterior, entre otras cosas, según indica el diputado oficialista.
Los señalamientos han sido los mismos bajo el cual el oficialismo ha anulado más de 100 importantes organizaciones más, dentro de estas se encuentra la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el cual era la última organización legal de este tipo que quedaba en pie en Managua.
De hecho la CPDH había advertido con anterioridad la negativa del Ministerio de Gobernación —que es el ente encargado de regular a las oenegés—de recibirles la documentación para registrarse como agente extranjero.
Del mismo modo señalaron que con la Ley de Agentes Extranjeros, la cual se aprobó en octubre de 2021, Ortega buscaba la forma de criminalizar la cooperación internacional que apoyaba a proyectos locales.
“Es un instrumento de represión, es grandísimo”, dice en conferencia de prensa el activista Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
De acuerdo con la legislación, todos los ciudadanos que reciban fondos del extranjeros no podrán financiar ningún tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua.
También obliga a que las personas que reciben fondos del exterior se registren como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación y entreguen informes mensuales sobre los gastos, pagos y desembolsos “vinculados a su desempeño como agentes extranjeros”.
Nicaragua vive una grave crisis política desde el año 2018 que estallaron las manifestaciones en contra del presidente Daniel Ortega. El mandatario ha dicho que las protestas fueron un supuesto intento de golpe de Estado en su contra.
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