El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, emitió dos memorandos para la implementación de las órdenes ejecutivas sobre inmigración firmadas por el presidente Donald Trump.
Los documentos revelados por el departamento de Seguridad Nacional tratan de explicar de qué manera se pondrán en marcha las nuevas directrices con respecto al tratamiento de los indocumentados en el país.
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Lo más resaltante en el documento es que establece nuevas prioridades al momento de implementar las leyes de inmigración.
De esta manera se expande el número de personas que viven ilegalmente en el país que serían consideradas prioridad para ser deportados, incluyendo a personas arrestadas incluso por violaciones de tráfico.
Los memorandos exponen que cualquier inmigrante que vive ilegalmente en Estados Unidos que ha sido acusado o condenado de cualquier crimen e incluso a aquellos sospechosos de cometer uno , conforman ahora la lista de prioridades para la oficina de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Esto podría incluir personas arrestadas por robo de artículos en tiendas u ofensas menores de tráfico.
“ICE no eximirá a clases o categorías de expulsión de extranjeros de la posible aplicación. Todos los que violan las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arresto por inmigración, detención y, si son removibles por orden final -de un juez-, a la expulsión de Estados Unidos”, se lee en el documento provisto por DHS.
Los memorandos van más allá de las guías emitidas bajo el gobierno de Barack Obama, que ponía énfasis en aquellos inmigrantes convictos de crímenes serios y representan una amenaza a la seguridad nacional y a los que recién cruzan la frontera.
La Casa Blanca insistió en que siguen siendo prioridad aquellos que han cometido crímenes o representan un peligro para las comunidades y el país, aunque "cualquiera que esté ilegal está sujeto a la deportación", según la ley.
Asimismo señaló el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, que las acciones de hoy están enfocadas en asegurar que tanto los agentes de ICE como de la Patrulla Fronteriza "tienen autoridad y recursos para implemantar la ley de inmigración" y que todavía mantienen su poder de discresión caso por caso.
Las nuevas directrices también describen el plan para fortalecer una provisión ya existente que permite al gobierno enviar de regreso a las personas que encuentran tratando de cruzar la frontera directamente a México independientemente de qué país vengan.
No está claro si EE.UU. tiene la autoridad para obligar a México a aceptar extranjeros.
Los memorandos no afectan para nada a los llamados soñadores amparados por la orden ejecutiva DACA firmada por el presidente Barack Obama.
También señala que ICE está trabajando para desarrollar un proceso de contratación de los 10 mil empleados de inmigración, así como el desarrollo de alianzas con la policía local para volver a implementar, en algunos casos, el programa 287 (g).
