Un juez boliviano ordenó el viernes en la noche que el exjefe militar señalado como responsable del intento fallido de golpe de hace dos días sea enviado a una cárcel de máxima seguridad en las afueras de La Paz, en prisión preventiva mientras se investigan los hechos, informó el procurador general del país.
Tras una audiencia virtual, un magistrado de medidas cautelares ordenó prisión para el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga y también para el excomandante de la Armada, el vicealmirante Juan Arnez, y para el oficial Edisión Irahola, indicó sin más detalles el procurador general de Bolivia, César Siles.
Son los primeros tres imputados de los 21 detenidos hasta el viernes por su participación en el fallido golpe del pasado miércoles. La audiencia de los otros detenidos se realizará el fin de semana.
Zuñiga debe enfrentar cargos de alzamiento armado y terrorismo que tienen penas de entre 15 y 30 años, dijo Siles.
Más temprano, familiares de los detenidos aseguraron que habían recibido amenazas. Jimena Silva aseguró a las puertas del centro de detención que desde que su esposo fue arrestado recibió llamadas anónimas intimidantes.
“Se están metiendo con nuestros niños, con nosotros, porque nos dicen: hablan o dicen algo... Nos están cerrando puertas”, aseguró Silva.
Silva, madre de tres hijos, espera llorando sentada junto a su madre y un hermano a las puertas de un centro de detención policial para ver si llegan noticias de su marido, Luis Domingo Balanza.
Balanza, un mando militar con más de 15 años, está entre los 21 detenidos después que un grupo de uniformados y vehículos blindados arremetieran contra el palacio de gobierno en lo que las autoridades consideraron un golpe de Estado fallido.
Varias familias visiblemente confundidas y ansiosas ante el centro de detención donde estaban sus parientes el viernes, recalcaban no saber nada en lo ocurrido el miércoles en la plaza Murillo, frente a la sede gubernamental. Insistían en que sus familiares estaban simplemente “cumpliendo órdenes” o ejecutando lo que les habían dicho que era un “ejercicio militar”.
El viernes, el gobierno elevó a 21 el número de personas detenidas, incluido el excomandante Zúñiga, como presunto líder del intento fallido de golpe.
Las imágenes difundidas por la televisión de ese miércoles en Bolivia impactaron al mundo mientras un vehículo militar blindado arremetía contra el palacio de gobierno en La Paz, sede gubernamental del país, y después con la retirada de militares cuando el presidente Luis Arce se plantó ante el intento de golpe.
El abogado de Zúñiga, Stiven Orellana, dijo a The Associated Press que la fiscalía acusaba al mando militar de los delitos de terrorismo y alzamiento armado. Indicó que no podía dar más detalles del caso.
Alrededor de 200 uniformados formaron parte del despliegue militar, según dijo el jueves el representante de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos.
Por su parte, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, en una entrevista con AP dijo que es posible que haya “algún tipo de disconformidad con estas personas”, en referencia a las quejas de lo familiares de los detenidos, pero que “no es una situación normal o regular a la que están acostumbrada a vivir las esposas de estos militares”.
“Sin embargo, nosotros necesitamos darle una garantía al pueblo de que esto no se vuelva a repetir”, recalcó, sobre las investigaciones para hallar a los culpables. "Necesitamos sentenciar a aquellas personas que fueron partícipes activas, los ideólogos, los autores mediatos, los cómplices, los encubridores de este grupo de personas que tuvieron la osadía de intentar asaltar el poder mediante la fuerza”, agregó.
A Del Castillo lo secundaron cientos de manifestantes en el entorno del centro de detención y ante edificios gubernamentales el viernes, con carteles en los que llamaban “traidor” a Zúñiga.
Dentro, las familias contaban, llorando, otra versión.
Silva y su madre Daniela aseguraron que su familia quedó económicamente devastada sin ingresos para hacerse cargo de tres niños. La familia es una de las que defiende que su padre estaba simplemente siguiendo órdenes, que le requirieron que se saliera de un curso que estaba tomando online y que se dirigiera a la plaza donde está el palacio de gobierno. Silva recalcó que su marido se entregó él mismo más tarde.
¿Cómo vamos a alimentar a nuestra familia?”, se preguntaba Daniela, quien pidió no ser identificada por su apellido ante las amenazas que dijo haber recibido. “Estoy preocupada por el futuro de mi hijo ¿Qué futuro puede tener alguien que ha sido implicado, alguien que ya ha sido manchado mostrado en televisión?”.
Y añadió: “Mi hijo no es un villano… Es sólo un subordinado. Él salvaguardó su patrimonio y se aprovecharon de él”.
Por su parte, Nubia Barbery aseguró que su esposo, el coronel Raúl Barbery Muiba, recibió órdenes de Zúñiga para ejecutar un “ejercicio militar”. Nada más entrar a la plaza, según le contó Barbery a su esposa en una llamada posterior, se marchó de allí increpándole a Zúñiga que lo había engañado.
En Fotos | Fuerte dispositivo de seguridad en la Casa del Pueblo tras intento de golpe de Estado en Bolivia
Los reclamos de las familias añaden más confusión aún a las dudas que empezaron a surgir cuando Zúñiga dijo el miércoles que el presidente Arce sabía del intento fallido de golpe.
Antes de ser detenido, alegó sin dar ninguna evidencia que el mandatario boliviano le ordenó organizar algo para levantar su popularidad ante las recientes protestas en Bolivia por el descontento económico y la pugna política interna en el oficialismo. A raíz de esas declaraciones, la oposición empezó a plantear que había sido un “autogolpe”.
Arce compareció el jueves por primera vez tras lo ocurrido y negó enfáticamente los señalamientos. Dijo que el entonces comandante del Ejército había actuado por su cuenta.
El mandatario mantiene desde hace meses una confrontación interna en el partido oficialista con el líder histórico del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, con miras a las elecciones presidenciales del próximo año en las que Morales quiere presentarse de nuevo.
No está claro si los señalamientos contra Arce serán reales o si, como dijo el mandatario, el general que lideró el intento fallido de golpe lo hizo en su propio beneficio.
Lo cierto es que algunos bolivianos seguían indignados por la caótica escena del miércoles.
Cintia Ramos, de 31 años, que se identifica como seguidora del presidente Arce, increpó que Zúñiga “debe pagar la pena más alta por haber agredido al pueblo boliviano”.
Y aunque las familias afirmen que sus parientes militares son inocentes, para Ramos lo ocurrido no pudo haberse fraguado por una sola persona y sospechó que debía tener aliados de alto nivel.
La policía condujo esposado a Zúñiga el viernes hacia el centro de detención.
Poco antes, su esposa, Graciela Arzacibia, esperaba con la mirada baja al militar en el centro de detención. Llevaba una pequeña bolsa con algo de comida y dijo estar preocupada por su hijo de 6 años que el viernes aún creía que su padre estaba en realidad en el trabajo y no detenido.
“Yo pido que tengan consideración con las familias. Tengo un hijo de 6 años. Están intimidando a las familias. Que culpa tienen las familias”, dijo a la AP tímidamente.
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