![Ambientalistas exigen la liberación de ocho defensores ambientales, quienes según ellos fueron detenidos arbitrariamente y criminalizados por su labor en defensa del agua, de un proyecto minero que opera ilegalmente en el Parque Nacional Montaña Botaderos. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/c3c50000-0aff-0242-2e22-08d9ecfbf190_w250_r1_s.jpeg)
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su “profunda preocupación” por la condena de seis de los ocho ambientalistas que se oponían a un proyecto minero de la empresa Inversores Los Pinares (ILP) en Honduras.
Los ambientalistas, encontrados culpables por los delitos de “privación ilegal de la libertad y daños agravados” en perjuicio de un contratista de la empresa ILP, recibirán sus penas individualizadas el próximo 21 de febrero.
A través de un comunicado de prensa, el organismo, que ha estado dando seguimiento al proceso, consideró que el Ministerio Público no se condujo mediante “el principio de objetividad” y que tampoco cumplió “el estándar de prueba mínimo que demostrara la culpabilidad de los defensores imputados”.
La representante de ACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, dijo que los activistas ya “han cumplido más de 29 meses de privación arbitraria de la libertad y, tal como lo determinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, corresponde su liberación y reparación integral”.
La Oficina también lamentó que los dictámenes, tanto los relativos a la prisión preventiva como el fallo en el juicio oral y público, presentan “indicios de falta de imparcialidad y carencia de motivación”, una situación que se traduce en “una violación de las garantías del debido proceso y del derecho a un juicio imparcial”.
El organismo pidió a las autoridades hondureñas “garantizar la vida e integridad de los defensores condenados y absueltos” y recordó que el Estado es responsable de su seguridad.
Amnistía Internacional se suma al rechazo
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) también reaccionó a la sentencia, pidiendo su “inmediata anulación” por oponerse a las obligaciones de Honduras de “garantizar el derecho a defender derechos humanos”.
“Es muy grave que, a pesar de la falta de diligencia en las investigaciones por parte del Ministerio Público, seis de los presos de conciencia de Guapinol tengan que enfrentarse a una condena de prisión”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI. “Los defensores son víctimas de una detención arbitraria y de una persecución penal infundada”.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
