SAN SALVADOR (AP) - El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, dijo el viernes que hay reportes alarmantes de asesinatos extrajudiciales y del retorno de los escuadrones de la muerte en El Salvador, y pidió que investiguen las denuncias.
Esos escuadrones fueron responsables de miles de asesinatos y desapariciones durante la guerra civil (1980-1992) y según los informes de los que habló el funcionario de la ONU, en los últimos meses han estado asesinando a presuntos pandilleros y delincuentes.
En una declaración difundida al concluir dos días de visita oficial, Al Hussein precisó que el nivel de violencia en el país es escandalosamente alto y dijo que "todas las personas que perpetren la violencia deben rendir cuentas por sus acciones a través de los mecanismos judiciales". Asimismo, pidió al Estado salvadoreño que cumpla con sus obligaciones para respetar los derechos humanos y suspender la prohibición absoluta del aborto.
El representante de la ONU se reunió con el presidente Salvador Sánchez Cerén y miembros de su gabinete de seguridad, que le detallaron los esfuerzos que hacen para combatir la delincuencia que abate a este pequeño país centroamericano.
Al Hussein dijo que el plan "El Salvador Seguro" es un buen modelo, pero que debe implementarse manera integral y de acuerdo a normas internacionales de los derechos humanos.
Al Hussein también se reunió en privado con representantes de la sociedad civil y defensores de los DDHH.
Posteriormente, criticó las medidas extraordinarias implementadas por el gobierno en las cárceles donde están presos los pandilleros y dijo que "han colocado a miles de personas en detención prolongada y asilamiento bajo condiciones realmente inhumanas". Señaló que a los privados de libertad les han suspendido las vistas de sus familiares y destacó un brote de tuberculosis que ha afectado a miles de detenidos.
"Insté al presidente a que derogue las medidas extraordinarias y garantice acceso a estos centros de detención a las organizaciones internacionales independientes, incluyendo mi oficina", concluyó.
Al Hussein reconoció que El Salvador ha dado pasos positivos para enfrentar la violencia contra las mujeres, pero mostró preocupación al conocer que como resultado de la prohibición absoluta del aborto se castiga a mujeres por sufrir abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas, ya que se les acusa de haberse inducido la terminación del embarazo.
Durante su visita, el funcionario fue a la cárcel de mujeres en la periferia de San Salvador, donde habló con reclusas condenadas por "homicidio agravado" por haber abortado debido a emergencias obstétricas y por ello cumplen condenas de 30 años de prisión. Destacó que al parecer "solamente mujeres de origen pobres y humildes son las que están encarceladas, una característica de injusticia sufrida".
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años. No obstante, si el delito se cambia a homicidio agravado -aquel provocado en razón de parentesco de la víctima y el victimario- estas mujeres pueden ser condenadas entre 30 y 50 años de cárcel.
Al Hussein llamó a las autoridades a emprender un moratorio a la aplicación de esta ley y pidió revisar todos los casos donde las mujeres han sido detenidas por ofensas relacionadas con el aborto, con el objetivo de asegurar el cumplimiento con el debido proceso y estándares de juicios justos.
