El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, actualizó el martes un informe sobre la situación en Nicaragua en donde expuso que “continúa el deterioro” de las libertades en Managua bajo la administración del presidente Daniel Ortega, quien lleva más de 15 años consecutivos en el poder.
Türk dijo que desde hace un año, cuando se presentó la actualización del panorama en este país centroamericano, el gobierno ha continuado persiguiendo a opositores y juzgándolos con “un sistema de justicia que carece de independencia”.
El Alto Comisionado se refirió también a “una forma de castigo” que comenzó a aplicar el gobierno a inicios de año de retirar la nacionalidad nicaragüense a los críticos.
Dijo que ya suman más de 300 opositores, entre ellos activistas, líderes y periodistas nicaragüenses, a quienes se les ha anulado su nacionalidad.
“Se vieron obligados a reinventarse”, aseguró Türk . “Por esta forma de castigo muchos dicen que temen abandonar al país por miedo a verse despojados de su derecho al retorno”, agregó.
Dijo además que el gobierno nicaragüense sigue imponiendo graves restricciones a espacios cívicos y ha ampliado su control sobre las organizaciones y medios de comunicación.
El gobierno de Ortega dijo que el informe de la ONU es “una manipulación” de lo que ocurre en el país.
La embajadora Rosalía Concepción Bohorquez Palacios, representante permanente de Nicaragua en la ONU, manifestó que el informe está “lleno de engaños”.
“Manifestamos nuestro total rechazo a este informe que pretende lesionar nuestra soberanía”, expuso Bohorquez. “Estas actualizaciones son maquiavélicas y se basan en información sesgada, tomadas de grupos que pretenden manipular nuestro país”.
La ONU también contabilizó el cierre progresivo de universidades y organizaciones no gubernamentales.
Según el informe presentado este martes, un total de 3.000 organizaciones han sido anuladas y otras silenciadas.
“La mitad de las organizaciones han sido cerradas en Nicaragua, incluidas 12 universidades como la jesuita Universidad Centroamericana, llamada centro de terrorismo”, dice el informe.
El cierre de universidades "limita el acceso a la educación con un impacto muy dañino a la libertad académica", prosiguió.
El cierre de la UCA, considerada la universidad más importante de Nicaragua, se concretó el 16 de agosto luego de que una juez de Managua les notificara sobre la incautación de todos sus bienes inmuebles, así como sus “productos financieros”.
En un comunicado enviado por correo a la comunidad estudiantil, la UCA, dirigida por jesuitas, indicó que esto responde a señalamientos “infundados” de la justicia nicaragüense que acusó a la institución de funcionar como “un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.
La oficina de derechos humanos de la ONU también recibió reportes de violaciones a la libertad religiosa y acoso y detenciones a sacerdotes católicos.
La ONU dijo que ya suman 38 personas “detenidas arbitrariamente” por ejercer su religión, entre ellas el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por supuestos delitos relacionados a “traición a la patria”.
El informe documenta patrones de tortura con casos de uso de electricidad y de violaciones a mujeres.
La ONU recomendó a Nicaragua el cese de estos abusos, la liberación de todas las personas detenidas “arbitrariamente”y la restitución de la nacionalidad de los despojados.
La comunidad internacional hizo un llamado para apoyar a refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses.
