Una organización de defensa de las libertades venezolana denunció recientemente que el gobierno de Hugo Chávez había cometido 1.734 violaciones de los derechos de la propiedad privada, desde 2005.
El gobierno venezolano pretende combatir a estos grupos de denuncia social a través de una ley que prohibiría a ciertas organizaciones recibir dinero del exterior.
"Hoy día en Venezuela hay una gran incertidumbre porque muchas organizaciones están en la duda de si seguir haciendo proyectos que estaban financiados por organizaciones estadounidenses, europeas y asiáticas", explica Alonso Domínguez, de Liderazgo y Visión, según cita Associated Press.
Domínguez indicó que su ONG se sustenta en gran parte de donantes de Venezuela, pero también ha utilizado fondos extranjeros para organizar cursos de capacitación en liderazgo y política comunitaria. Algunos de esos fondos provienen de la National Endowment for Democracy (NED), una organización que recibe aportes del Congreso estadounidense, y años atrás recibió una pequeña parte de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
"Cómo es que vamos nosotros a permitir que partidos políticos, ONG, personalidades de la contrarrevolución sigan siendo financiados con millones y millones de dólares del imperio yanqui", indicó Chávez en un discurso el pasado noviembre de 2010, un mes antes de que la Asamblea Nacional promulgara la nueva legislación.
La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional faculta al gobierno a multar a ciertos grupos por una suma equivalente al doble de lo que reciben del extranjero.
El Departamento de Estado estadounidense ha condenado la ley, mientras algunas organizaciones aseguran que seguirán solicitando financiación extranjera. "El reto nuestro es cómo no desaparecer", dijo Marino Alvarado, director de Provea, un grupo de derechos humanos que depende casi exclusivamente del financiamiento foráneo.
Provea también publica estadísticas anuales de asesinatos que el gobierno ha dejado de divulgar: 13.985 homicidios reportados a las autoridades en 2010.
Ya los programas de ayuda estadounidense han sido rechazados en dos regiones de Bolivia, y en Ecuador las ONG advierten que las nuevas regulaciones podrían usarse para aumentar los controles del gobierno y afectan a sus organizaciones.