El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció que en Venezuela persisten las violaciones a trabajadores públicos, indígenas, campesinos y presos políticos. En el informe se pide el cierre de centros clandestinos manejados por organismos de inteligencia: “ha habido retrasos prolongados en la investigación de muertes durante las manifestaciones que tuvieron lugar durante 2014, 2017 y 2019, así mismo de las 101 muertes que mi oficina documentó en el contexto de operaciones de seguridad, solo 8 han sido enjuiciadas, repito, mi llamamiento es que liberen a todos aquellos que ilegalmente están detenidos “ expresó.

El abogado de varios de los detenidos por motivaciones políticas, Eduardo Torres, expresó que el informe evidencia que la administración de Nicolás Maduro es un gobierno fracasado que insiste en encarcelar defensores de derechos humanos y trabajadores: “para que no sigan en la calle y es fracasado por eso, no solo por su política económica que nos condena al hambre si no porque los trabajadores y defensores de derechos humanos siguen en las calles acompañados de todo un pueblo" declaró.

La reacción del gobierno venezolano se dio a través de su representante en el Consejo de Derechos Humanos, Héctor Constant: “ lamentamos grandemente que su oficina insista en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos. La presentación de este nuevo informe sobre mi país sin nuestro consentimiento priorizando la confrontación en lugar del diálogo que han sido nuestra guía en la relación con la oficina” dijo.

Desde la ONG Gritemos con Brío, su directora, María Victoria Restrepo, denunció que las medidas cautelares de la ONU y otros organismos multilaterales han sido ignoradas: “ queremos la ejecución y la ejecución clara con las autoridades competentes para reparar los daños hechos no solo a las víctimas si no también a sus familiares” enfatizó.
El Alto Comisionado reconoció que los procedimientos jurídicos y detenciones arbitrarias han disminuido respecto al año anterior, pero dijo que la situación sigue siendo preocupante.