La OEA exige la devolución de sus oficinas confiscadas en Nicaragua

Veintinueve países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) votaron a favor este viernes -en una sesión extraordinaria- de una resolución que condena la incautación de las oficinas del organismo en Managua el pasado 24 de abril y demanda la restitución inmediata” de esta.

La resolución también subraya que el Gobierno de Ortega es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones internacionales; y también ordena al organismo seguirse ocupando de "este asunto" y manda a "considerar otras acciones que puedan ser necesarias".

La sesión extraordinaria fue impulsada por Estados Unidos, Canadá, Antigua y Barbuda y Granada, según informó la presidenta del Consejo Permanente de la OEA y representante permanente de Santa Lucía, Elizabeth Darius-Clarke.

La sede local de la OEA en Managua fue ocupada por el gobierno nicaragüense y declarada “bien público”, según un decreto oficial. Esto luego de una anunciar que retiraba a todo el cuerpo diplomático en el organismo, al que ha tildado de “injerencista”.

De los miembros del Consejo Permanente que estuvieron en la votación, se abstuvieron tres: Honduras y El Salvador y San Vicente y las Granadinas. Mientras que Bolivia y Nicaragua estuvieron ausentes.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se refirió a los recientes hechos en Nicaragua y dijo que se ha “violado sin ninguna justificación, las normas claras del derecho internacional”.

También el representante permanente de Canadá, Hugh Adsett, manifestó que “el comportamiento del régimen cada vez es más horrible”, mostrando que “no está abierto a ninguna discusión”.

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Estados Unidos por su parte sostuvo que la ocupación forzada de un edificio diplomático muestra el desacuerdo con las normas específicas y que “los estados miembros de la OEA no van a tolerar estas acciones”.

Resolución recibida desde dos perspectivas

La aprobación de la resolución, no obstante, se queda corta frente a las demandas realizadas por la oposición nicaragüense esta semana.

Por ejemplo la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), que había pedido a la OEA que convocara a los ministros de Relaciones Exteriores del bloque panamericano para “reaccionar con firmeza” tras la toma de la sede del organismo en Managua, emitió un comunicado tras conocerse la nueva convocatoria de la OEA.

"La resolución aprobaba esta tarde por el Consejo Permanente de la OEA es un nuevo recordatorio al régimen ilegítimo que gobierna Nicaragua de que más de dos terceras partes de países del hemisferio condenan el rumbo autoritario y forajido por el que nos lleva la dictadura. Saludamos este nuevo hito en la recuperación de nuestra democracia y nuestra libertad", subraya el comunicado de la Unab.

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No obstante, la Unidad Nacional considera que esta resolución es insuficiente ante la gravedad de la ocupación de las oficinas de la OEA en Nicaragua la cual no tiene antecedente en los 74 años de historia de la Organización.

"La situación en Nicaragua ha rebasado todo límite de tolerancia, gravedad y urgencia. Debe ser valorada por los cancilleres del continente a la mayor brevedad. No puede esperar a la asamblea general de octubre en Lima", indicó la Unab.

Pero hay quienes lo ven desde un ángulo positivo, como el exembajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields, que recientemente denunció al gobierno del presidente Ortega.

Según McFields, la sesión fue "demoledora" pues "condena a la dictadura de Nicaragua (con) 29 votos a favor, tres abstenciones y dos ausencias".

"Nicaragua volverá a ser República”, escribió McFielfds en Twitter.

Ausencia de representante de Ortega

Nicaragua fue uno de los pocos países ausentes en la votación, luego de la decisión de Ortega de retirar a su cuerpo diplomático del organismo al que ha tildado de “ser un instrumento de Estados Unidos”.

Por esa misma razón Ortega a finales de 2021 denunció la Carta Democrática de la OEA y expresó su decisión de abandonar el organismo, sin embargo expertos han dicho que ese proceso lleva un tiempo de dos años, por lo que Managua debería seguirse rigiendo por sus reglas.

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