La Organización de Estados Americanos declaró el domingo que la confirmación de la inhabilidad que impide a la candidata opositora María Corina Machado participar en los comicios presidenciales liquida toda posibilidad de elecciones libres en Venezuela.
En un duro pronunciamiento, la OEA aseguró que la acción contra la candidata ganadora de las primarias y la “prisión política” de actores vinculados a esa candidatura dejan claro que el gobierno venezolano “no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes”.
Para el organismo internacional, un eventual reemplazo de la candidatura de Machado significaría pasar por alto “el pronunciamiento popular indiscutible” en las elecciones primarias de junio y “liquida una vez más para Venezuela la posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes”.
El gobierno venezolano ha sido crítico de la OEA, organismo que abandonó en 2019 en medio de cuestionamientos del presidente Nicolás Maduro, que ha dicho que debe “desaparecer”.
La exlegisladora que busca medirse con Maduro en los comicios de 2024 arrasó en las elecciones primarias opositoras, luego de obtener más del 90 % de los votos, y es la favorita para enfrentar al mandatario —que está en el poder desde 2013.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el viernes la prohibición para que Machado ejerza cargos públicos durante 15 años, y que le impuso en 2015 la Controlaría del Estado, desatando una serie de condenas y rechazo a nivel internacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el sábado la revisión de la política de sanciones sobre Venezuela, tras considerar que la acción es “incongruente” con el compromiso de celebrar elecciones competitivas y va en contra de un acuerdo suscrito en Barbados.
En octubre de 2023, la oposición y el gobierno de Maduro suscribieron un acuerdo en Barbados bajo la mediación de Noruega y el aval de Estados Unidos. En este se fijó una hoja de ruta que establecía garantías para la realización de elecciones presidenciales abiertas y transparentes como el levantamiento de sanciones a los candidatos que cumplan con los requisitos.
Como consecuencia, Estados Unidos flexibilizó su política de sanciones sobre el país sudamericano y extendió licencias temporales relacionadas con el petróleo, gas y oro venezolanos.
La Plataforma Unitaria Democrática denunció la víspera la violación del acuerdo y exigió la reversión de la decisión, así como el apoyo de la comunidad internacional para presionar al respeto del compromiso.
Sin embargo, el delegado gubernamental para las negociaciones, Jorge Rodríguez, respondió que la decisión del tribunal es una “cosa juzgada” y negó cualquier incumplimiento por parte del gobierno. “Seguimos sentados en la mesa del dialogo”, manifestó.
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