La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a los cancilleres de sus países miembros a una reunión para tratar de hallar solución al diferendo limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua.
El consejo permanente de la organización acordó que los ministros de relaciones exteriores del hemisferio se reúnan el próximo 7 de diciembre en la sede de la OEA en Washington.
Costa Rica había pedido que el encuentro fuera el 29 de noviembre, pero varias delegaciones propusieron postergarlo unos días más.
La decisión fue adoptada por 22 votos a favor, siete abstenciones, el solitario voto en contra de Venezuela, y en ausencia de Nicaragua, que se ha negado a acatar una resolución del organismo que pidió el retiro de las tropas nicaragüenses de la zona en disputa, una pequeña isla en el fronterizo río San Juan.
El gobierno nicaragúense alegó que la OEA carece de facultades para mediar en un conflicto limítrofe, y amenazó con retirarse del organismo regional.
La OEA también recomendó el establecimiento de una comisión binacional para ventilar la disputa, pero las discrepancias bilaterales se caldearon más después de que Managua desestimó el pedido, y Costa Rica condicionó cualquier reunión de ambos presidentes al retiro de las tropas nicaragüenses de la zona.
En opinión del embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, la decisión de convocar a una reunión de cancilleres contribuye al "resquebrajamiento" del organismo, porque a su juicio el grupo ha tomado partido a favor de una parte, según dijo en alusión a Costa Rica.
La postura de las naciones centroamericanas ha sido mixta: Panamá manifestó su apoyo a Costa Rica, Guatemala criticó las declaraciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega, y El Salvador se ha pronunciado a favor de una solución negociada.
Coincidiendo con la convocatoria a la reunión de cancilleres, Costa Rica denunció a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, según informó el ministro de relaciones exteriores costarricense, René Castro.
El conficto se desencadenó el pasado 21 de octubre cuando el gobierno de San José denunció que Nicaragua estaba dragando el río San Juan y arrojando los sedimentos en territorio costarricense.
