Habla de espalda a la cámara, esconde su pelo canoso dentro de un gorro tejido y cubre sus hombros para evitar dejar al descubierto algún rasgo por el que pueda ser identificada. No teme por su suerte, pero le angustia que sus palabras puedan perjudicar a sus tres hijos que se encuentran entre los miles de encarcelados en Venezuela, señalados de terrorismo e instigación al odio por el gobierno de Nicolás Maduro, tras la cuestionada elección presidencial del pasado 28 de julio.

“Es un daño demasiado grande el que se le ha hecho a la familia venezolana por pensar distinto”, dijo a la Voz de América esta mujer entrada en sus 60 años, a la que llamaremos Viviana para proteger su identidad.

Viviana fue coordinadora de logística en un centro de votación del comando de campaña del excandidato opositor Edmundo González, ubicado en una zona pobre en el interior del país.

Incluso, resguardó copias de las actas electorales con las que la oposición refuta el resultado anunciado por el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio el triunfo a Maduro.

“No nos querían entregar las actas y te imaginarás a todo el gentío que llamé. La gente se aglomeró a las afueras del colegio exigiendo las actas”, recordó.

La oposición, que publicó en una página web copias de las actas, denunció fraude y atribuyó la victoria a González, que actualmente se encuentra en un exilio “forzado” en España.

“Me pregunto muchas veces: ¿por qué no (me llevaron) a mí, por qué a mis hijos?”, cuestionó Viviana, para luego responder ella misma su pregunta: “yo pienso que fue como una venganza contra mí, porque la política de la casa soy yo”.

Un día después de los comicios, una de sus hijas salió a protestar por la reelección de Maduro. Los dos varones se quedaron en casa. Uno preparaba una sopa, el otro dormía, describió. A los días, los tres fueron detenidos.

“Le tienen miedo al pueblo, le tienen miedo a la comunidad organizada, le tienen miedo a todo lo que para nosotros sea un triunfo. Es algo que no lo toleran. Se han querido vengar del trabajo que se hizo con respecto a las elecciones del 28 (de julio) para que saliera Edmundo ganador”, insistió.

Unas 2.400 personas fueron arrestadas horas después de las manifestaciones que siguieron a los comicios, que según la Fiscalía dejaron al menos 28 muertos y casi 200 heridos. Estas personas, en su mayoría, fueron aprehendidas sin órdenes de captura.

Tres detenidos muertos en poco más de un mes

En poco más de un mes, tres de estos detenidos -un hombre de 44 años, uno de 43, y otro de 36- han muerto en custodia de las autoridades. También se han reportado intentos de quitarse la vida. Miguel Urbina, de 17 años, ha asomado esa idea.

“Mi hijo ha pensado hasta en el suicidio. Me dice que él no va a soportar pagar 10 años por no haber hecho nada”, contó su madre Theany Urbina, durante una vigilia frente a la Fiscalía, hace un par de semanas.

Miguel es uno de los adolescentes que fue arrestado en el contexto postelectoral y aún sigue en prisión. “Que no se ensañen más con los pobres. La Policía Nacional maltrató bastante a mi hijo, le pasó corriente. Esos sí son delitos”, dijo Urbina

Urbina se ha convertido en una de las voces de madres de jovenes encarcelados tras los comicios. Encabeza las gestiones ante diferentes poderes públicos para reclamar lo que considera es una injusticia.

Otras decenas de familias, tal y como lo hace Viviana, prefieren no dar la cara a las cámaras para evitar perjudicar el proceso que se le sigue a sus hijos.

Maduro: “no son presos políticos”

Maduro ha catalogado a los detenidos poselectorales de “criminales fascistas” y asegura que las protestas fueron financiadas por la oposición para crear caos en el país.

“No son presos políticos, son gente que quemó, atacó, amenazó, agredió, destruyeron y mataron”, dijo Maduro el jueves al canal estatal VTV, tras señalar que “triunfó la paz” en el país.

Pero Urbina no puede entender por qué a su hijo lo vinculan con esos hechos. Según ha relatado antes, Miguel estaba fuera de su casa comiendo golosinas cuando agentes del orden se lo llevaron.

“Seguimos pidiéndole al presidente que se toque el corazón. No estamos con partidos políticos. Aquí no estamos con nada que tenga que ver con la política. Nosotras somos pobres. Hay muchos inocentes. Si como dice el fiscal, hubo muchos destrozos, que busquen a los culpables”.

El 5 de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo que considera investigar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela tras las presidenciales, que podrían ser incluidas en su investigación, de acuerdo al informe 2024 de la oficina del fiscal, Karim Khan.

Por su parte, el gobierno de Maduro ha asegurado que se busca “instrumentalizar” los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos y sostiene que los crímenes de lesa humanidad “nunca han ocurrido”.

“Unos sapos” y la detención

El 8 de agosto, tres de los hijos de Viviana fueron sacados de su casa por hombres armados. Los policías llegaron de madrugada, con golpes en las puertas y derribando el techo de zinc, preguntando por cada uno de ellos con nombre y apellido.

“Mis hijos fueron secuestrados por no estar de acuerdo que se haya proclamado Nicolás Maduro como nuevo presidente reelecto en Venezuela, porque es evidente que Venezuela votó por Edmundo González Urrutia, y por reclamar eso, fueron sacados de la casa, presos de una manera inhumana”, dijo.

Los hombres fueron llevados a la cárcel de Tocuyito, en el centro norte del país, un retén reservado por Maduro “para los terroristas, para los criminales” que denunciaron fraude en la contienda. La hija fue enviada a un centro de orientación femenina.

La anciana ha preferido no visitar a sus hijos en prisión. Dice que no soportaría ver cómo son tratados. “No pensé que un hijo doliera como duele hoy en día en Venezuela. Es demasiado fuerte este sentir. Primera vez en mi vida que siento un dolor tan grande en mi alma”.

Viviana está convencida de que las organizaciones vecinales afines al gobierno chavista alertaron a la policía que su hija había estado en la movilización. La mujer apareció en videos.

“No son más que vulgarmente unos sapos, que aunque te llamen ‘familia’ te dan la puñalada porque creen que tienen todo el poder del mundo”, lamentó.

“Más delgados”, los días de visita

Una de las hijas de Viviana pudo sortear el arresto y es quien se encarga de ir a las visitas, cada 15 días y solo por 10 minutos.

En un mesón rectangular comparten con otros familiares de reclusos, que son vigilados por guardias con el rostro cubierto. “Las manos van siempre sobre las piernas, (porque) si las subes, se acaba la visita”, cuenta a VOA.

Más tiempo demora en el recorrido que la conduce de su casa a la cárcel de Tocuyito, que está ubicada a 177 kilómetros de Caracas. No tiene auto. Debe tomar varios autobuses para llegar.

A sus hermanos los vio, la última visita, “muy delgados”. “Podría decirte que han perdido diez a quince kilos”, continúa. El lunes, Osgual González Pérez, de 43 años, también detenido en el contexto electoral, falleció en esta misma cárcel.

“No sé cómo explicar la desesperación, la indignación… Muchos sentimientos encontrados porque no saber de un hijo que está detenido es la cosa más horrorosa que a una madre le pueda suceder”, continuó Viviana.

A pesar de lo que ha vivido estos meses, Viviana no se arrepiente del trabajo que hizo el 28 de julio y es tajante: “la lucha continúa y ahora con más fuerza”.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestros canales deYouTube, WhatsApp y al newsletter. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, X e Instagram.