Entre 2013 y 2014, el gobierno del presidente Nicolás Maduro transmitió por cadena nacional obligatoria un total de 343 horas en medios radiales y televisivos en Venezuela, según Monitoreo Ciudadano, organización dedicada al estudio de medios públicos.
Aunque no existen leyes que limitan el uso de las cadenas de radio y televisión, un informe divulgado por Monitoreo Ciudadano señala que la Constitución venezolana prohíbe la utilización de recursos del Estado para promover una determinada ideología.
Según la organización, durante los últimos 16 años el gobierno ha utilizado las cadenas como una herramienta política.
“Hay una estrategia de comunicación que consiste en aislar a los venezolanos, si ocurre cualquier hecho, no tenemos forma de enterarnos a través de los medios de comunicación. Somos un país en diferido¨ dijo a la Voz de América Mariana Bacalao, experta en opinión pública.
Además, esto ha significado un alto costo para el Estado.
El gobierno de Maduro incrementó el gasto de la nación en publicidad y propaganda oficial a $97 millones de dólares para 2015, cuatro veces más que en 2012, según un reporte del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).
Para sectores opositores, no hay equidad en el aparato comunicacional del Estado y solicitan mayor participación en medios oficiales.
En su informe “Monopolización de Medios”, Espacio Público, ONG dedicada a la libertad de expresión e información, señala que entre abril y septiembre de 2013, el presidente Maduro apareció en Venezolana de Televisión, el canal más importante del Estado, un promedio de una hora y 40 minutos diarios, mientras que “personajes de la oposición han tenido exposición casi nula”.
“La dirección del Estado para el funcionamiento de los medios de comunicación social limita la posibilidad de contar con medios públicos plurales, representativos de todos los actores y sectores sociales, atentando contra la libertad de expresión y contra la democracia al impedir que las personas puedan conocer la realidad desde distintos puntos de vista”, concluye el informe.
Silenciar las voces disidentes y todo aquello que cuestione al gobierno es parte de la estrategia comunicacional utilizada por el régimen del Maduro, según Bacalao.
A su juicio, la criminalización de periodistas y la compra-venta forzosa de medios independientes ha lesionado el derecho constitucional a la información de los ciudadanos, quienes deben apelar a las redes sociales y al periodismo ciudadano para informarse.
Según Mariengracia Chirinos, coordinadora de libertad de expresión de Ipys, de los 25 medios de comunicación vendidos desde el 2009, el 52% ha cambiado su línea editorial, nueve han sido adquiridos por personas cercanas a los factores de poder, y del resto no hay certeza de quienes son sus propietarios.
“Antes de las transacciones económicas, tenían una voz crítica, y luego del proceso bajaron el tono para presentar un periodismo complaciente”, dijo Chirinos a la Voz de América.
La ministra de comunicación e información, Jacqueline Faria, defendió la gestión comunicacional del gobierno el pasado 21 de abril, diciendo que en los medios privados, “prefieren hablar de noticias malas, y si no las hay, las inventan”.
“Hacemos un grandísimo esfuerzo por comunicar todo lo que se hace en revolución (…) que deberían salir reflejadas en todos los medios”, añadió la ministra a Unión Radio.
El problema es que varios diarios críticos se encuentran en riesgo de suspender su circulación ante la sequía de divisas necesarias para importar papel periódico, pues el régimen de control cambiario implementado desde hace 12 años deja en manos del Estado el control de la moneda.
Recientemente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre la situación de discriminación que presentan diarios como El Impulso y El Nacional, y criticó una reciente demanda del líder de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a tres medios por supuestas calumnias.
A pesar de las presiones, los diarios se niegan a modificar su línea editorial.
“En El Nacional se hace periodismo y en estas democracias, que no son democracias, sino democracias insipientes donde lo que impera es la promesa incumplida, El Nacional siempre es el parámetro de la critica ante esa realidad”, reflexionó recientemente Miguel Henrique Otero, director del periódico.
