Opositores nicaragüenses y organizaciones de la sociedad civil han instado a la Asamblea General de la OEA, que se celebra del 21 al 23 de junio en Washington, a que se pronuncie de forma contundente sobre la crisis bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega.
El abogado Gonzalo Carrión, del colectivo nicaragüense Nicaragua Nunca Más, dijo a la Voz de América que las violaciones a los derechos humanos no pueden quedar fuera en algún pronunciamiento sobre Managua.
Carrión aludió a un proyecto de resolución sobre Nicaragua que estaría sobre la mesa de la Asamblea General esta semana y cuyo borrador fue publicado anticipadamente por el exembajador de Managua en la OEA, Arturo McFields. La representación del gobierno del presidente de Brasil, Lula Da Silva, habría solicitado cambios en la resolución que se prepara. Según Carrión, Brasil estaría suavizando el tono hacia el gobierno de Daniel Ortega.
“Es de mal gusto la posición de Brasil, su gobierno pretende modificar el nombre de las cosas, dice que quieren fortalecer la democracia, desconociendo que Nicaragua está desgobernada por una familia tiránica”, señala Carrión.
El diario La Prensa reportó que la secretaria de Exteriores de Brasil, María Laura de Rocha, habría evitado hablar sobre los cambios propuestos por su representación a la resolución sobre Nicaragua en la OEA argumentando: "Estamos buscando un texto que sea interesante para todos".
Consultado por medios nicaragüenses al respecto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que respetaba la postura de Brasil.
“Tenemos el más profundo respeto por el posicionamiento de Brasil en todos los temas multilaterales de la agenda en la Organización de los Estados Americanos y consideramos que ese posicionamiento de Brasil siempre es positivo y aporta dentro del sistema la resolución”, señaló.
Al adelantar parte del borrador, McFields estimó que “Lula sigue protegiendo a Ortega en la OEA” al sugerir el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua. “El documento de Lula en defensa de Ortega en Nicaragua asegura que existe democracia y que las confiscaciones son un supuesto invento”, estimó McFields.
¿Qué dice el fragmento del proyecto de resolución?
El fragmento del borrador revelado por McFields insta al gobierno de Ortega a que "se abstenga de reprimir a líderes de la Iglesia Católica" y a que brinde información sobre la salud del obispo Rolando Álvarez, que está detenido.
Además, el borrador solicita "hacer un llamamiento a gobierno de Nicaragua para que deje sin efecto las normas" que privan de la nacionalidad a opositores. También insta al gobierno a atender las recomendaciones de la CIDH y que la OEA se pronuncie a favor de que se produzca un diálogo al más alto nivel en la nación centroamericana.
Los cambios al borrador moderan el lenguaje y enfatizan que se respete la soberanía del Estado de Nicaragua, de acuerdo con los críticos a los cambios en el texto. Por ejemplo, elimina una frase en que indicaba que Nicaragua debe permitir "el acceso pleno y sin obstáculos a su territorio" a organismos internacionales y en su lugar escribió que este debe "cooperar plenamente con los órganos internacionales de derechos humanos". También tacha el párrafo que dice que "el empeoramiento de las condiciones ha provocado que cientos de miles de nicaragüenses hayan abandonado el país desde 2018".
En vez de que "cese la represión", sugiere en cambio que el gobierno de Nicaragua debe "abstenerse de reprimir", señalan defensores de derechos humanos, quienes opinan que el lenguaje desvía la atención del hecho de que está ocurriendo todavía, mientras que el verbo "cesar" implica que es algo que se está dando en el presente.
Otro cambio que llama la atención de opositores, es intercambiar la frase "normas que han permitido a las autoridades privar arbitrariamente de su nacionalidad y ciudadanos nicaragüenses... que restringen libertades públicas", por "normas que puedan haber permitido a las autoridades... que puedan restringir", en aparente sugerencia de que se trata de algo que no estuviese determinado ni documentado.
Los reclamos de la oposición
Paralelamente a las críticas de organismos de derechos humanos, 54 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, firmaron una proclama en donde criticaron el borrador propuesto por Brasil e instaron a “condenar sin ambigüedades al Estado represor que sojuzga a los nicaragüenses”.
“Llamamos a los representantes en la OEA a ser consecuentes con las declaraciones emitidas en Asambleas anteriores; a respetar las investigaciones realizadas por organismos de expertos, como la CIDH y la oficina del Alto Comisionado de DDHH de las Naciones Unidas”, dice el documento firmado por los despojados de su nacionalidad, entre ellos el periodista Carlos Fernando Chamorro y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís.
La crisis nicaragüense cumplió cinco años en abril sin que se vislumbre una salida, según organizaciones opositoras que alertan de la instauración de “una dictadura” en el país centroamericano.
La crisis ha dejado al menos medio millón de nicaragüenses exiliados, la mayoría en Estados Unidos, Costa Rica y España.
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