La Unión Europea impuso sanciones este lunes contra ocho personas allegadas al gobierno sandinista de Nicaragua, donde figura por primera vez la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo papel ha sido fuertemente cuestionado en los últimos tres años de crisis sociopolítica que vive el país.
Ramos, en el cargo desde 2010, es acusada de acatar órdenes del presidente Daniel Ortega e interferir en los procesos judiciales contra opositores, pero en la actualidad, con la detención de más de 30 críticos al mandatario, incluidos seis aspirantes a la presidencia, se le atribuye la dirección de audiencias secretas en donde incurren violaciones a los derechos políticos de los acusados.
"En su cargo de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, tiene a su cargo la instrumentalización del Poder Judicial a favor de los intereses del régimen de Ortega, a través de la criminalización selectiva de las actividades de oposición, perpetuando el patrón de violaciones a los derechos del debido proceso, detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y oposición", afirma la UE en comunicado emitido el lunes.
Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial de Nicaragua y quien hoy se encuentra en el exilio, explicó a la Voz de América que la Corte de Justicia, de la mano de Ramos “ni siquiera tiene apariencia de legalidad en las actuaciones”.
“Han perdido la vergüenza”, señala Yader Morazán.
A su juicio, “no es común que se sancione a la presidenta del Poder Judicial, porque a diferencia de otros poderes del Estado, donde existe una subordinación vertical, tanto administrativamente como funcionalmente, en teoría solo cumple roles administrativos”.
“En teoría los jueces son independientes, autónomos e imparciales y obedecen a la Constitución. Es decir cada juez tiene una autónoma y funcional para conocer y resolver cada caso de forma individual, sin embargo, estos Estados de la Unión Europea, no titubean en sancionarla porque este brazo represor bajo su mando no goza ni siquiera de apariencia de legalidad en sus actuaciones”, dice Morazán a la VOA.
Las críticas contra la Corte Suprema de Justicia ya habían sido denunciadas desde hace varios años por otras figuras, como Rafael Solís, quien fue magistrado hasta 2018, cuando dimitió en medio de una de las peores crisis que ha vivido el país centroamericano en los últimos 30 años.
"Ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial reducido a su más mínima expresión", denunció Solís en una carta.
Solís ocupó un papel fundamental cuando Ortega buscó su reelección tras llegar al poder en el año 2007 y que era impedido por el artículo 174 de la Constitución Política, pero que fue modificado a través de un fallo de la Corte de Justicia.
“Me arrepiento de haberlo hecho”, lamentó Solís, quien se encuentra exiliado en Costa Rica, en conversación con la VOA.
Los sancionados
Junto a la magistrada Ramos, la Unión Europea sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo; al asesor económico del presidente Ortega, Bayardo Arce; también al hijo de la pareja presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo, director de uno de los principales canales de televisión del país; Ana Julia Guido, fiscal general de la República; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Fidel Domínguez, comisionado general de la Policía, jefe departamental de León; Juan Valle, director de Tránsito Nacional.
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