A un año y cinco meses de haberse reportado el primer caso de coronavirus en Nicaragua, médicos independientes han alertado de un nuevo rebrote que empieza a colapsar algunos centros hospitalarios de Managua.
El panorama se ve reflejado de forma palpable con algunos religiosos que fallecieron recientemente. Solo en las últimas semanas tres jerarcas de la Iglesia murieron por razones asociadas al COVID-19 y otros se encuentran en una situación crítica, dijo en una entrevista a un medio local el cardenal Leopoldo Brenes, máximo líder de la iglesia Católica nicaragüense, quien a su vez indicó que valoraban nuevamente la suspensión de ceremonias religiosas.
“Estuvimos en reunión y estuvimos analizando estos temas. Yo le dije a los padres que se haga la consulta de cómo estamos cada uno en las parroquias y si tenemos que limitarla, pues lo haremos porque lo primero es la salud”, dijo Brenes.
Las autoridades sanitarias contabilizaron desde inicios de mayo un aumento de casos de coronavirus en sus estadísticas oficiales, las cuales continúan en ascenso, pero mantienen fijo un muerto por semana “por razones atribuibles a la pandemia”.
En la semana del 3 al 10 de agosto informaron de un total de 398 personas contagiadas de COVID-19, una cifra alarmante en relación con la que mencionaban meses atrás, aunque los expertos independientes advierten que las cifran reales son mucho mayores.
El Observatorio Ciudadano, un equipo interdisciplinario con información proporcionada por organizaciones, redes y ciudadanía, informó que un total de 3.718 personas han muerto por neumonía o sospechosas de COVID-19, y Managua es el departamento más afectado.
El epidemiólogo Leonel Argüello, fundador del Ministerio de Salud, dijo a la Voz de América que los datos actuales del gobierno carecen de credibilidad y lamenta que por ello la ciudadanía se confía y no toma las medidas necesarias.
“No existe un país en el mundo donde fallezca una persona por semana debido al COVID-19, por eso la OPS (Organización Panamericana de la Salud) plantea que los datos no son creíbles. Son datos que no reflejan la realidad de todo y la gente no toma las medidas de prevención adecuadas”, insistió Argüello.
Recordó que solo de personal de salud han muerto al menos 84 médicos, quienes al inicio de la pandemia denunciaron que tenían prohibido el uso de mascarillas para no “causar temor en la población”.
“El impacto del COVID-19 ha sido enorme en el gremio médico, no solamente porque son seres humanos, sino por la cantidad de pacientes que se deja de atender”, lamentó.
El experto critica que se continúa promoviendo aglomeraciones en varios puntos de Nicaragua y no se exige el uso de mascarillas en lugares públicos, incluido el servicio de transporte.
“No existe un control de la pandemia por ningún lado. Las aglomeraciones continúan, los buses continúan aglomerando personas, ahí no se exige mascarillas, ni se higieniza el bus. Es peligroso, sobre todo por la variante delta que es más contagiosa”.
Informar desde la clandestinidad
A pesar de las alertas de variantes y los números que reportan un aumento en los casos de COVID, el gobierno del presidente Daniel Ortega reactivó una jornada de asedio contra los médicos que contradecían las estadísticas oficiales.
El doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense fue citado por el Ministerio de Salud “de carácter obligatorio” para advertirle que podía haber consecuencias si continuaba dando información que ellos consideraran que “creaba alarmas en la población”, y se le citó la Ley de Ciberdelitos, la cual establece cárcel a quien el gobierno considere que emite noticias falsas.
“Nos han amenazados de quitarnos nuestra licencia y prohibirnos nuestra profesión médica a través de visitas o clínicas a hospitales privados para cerrar y la idea es intimidad para que dejemos de informar sobre los casos de coronavirus”, dijo.
“Paradójicamente, el Ministerio de Salud ha venido reportando el aumento de casos de COVID-19. Un aumento del casi 700% de casos”, agregó Borgen desde un punto clandestino de Nicaragua.
El doctor Argüello señala que la medida impactará “enormemente” a la población “porque disminuye la posibilidad de que otros organismos establezcan relaciones con nosotros como médicos”.
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