El 21 de diciembre de 2020 el Parlamento nicaragüense de mayoría oficialista aprobó con 70 votos a favor una iniciativa de ley llamada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, o Ley 1055.
La oposición advirtió que dicha legislación tenía el fin de inhibir a opositores y posibles aspirantes a la presidencia que quisieran competir en los comicios de noviembre de 2021, y así allanar el camino a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes buscan reelegirse nuevamente en medio de una de las crisis sociopolíticas más graves que vive el país en los últimos 30 años.
El temor de la oposición se cumplió. Actualmente 32 personas han sido detenidas, entre ellas siete precandidatos presidenciales, y 29 están siendo investigadas por supuesta violación a la Ley 1055. Pero ¿de qué se trata dicha legislación, qué propone y qué sanciones establece?
¿Qué dice la Ley?
El artículo 1 de la Ley 1055, o Ley de Soberanía, señala que los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas o que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, “no podrán optar a cargos de elección popular”.
También son inhabilitados a cargos públicos “quienes inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
Así mismo quienes propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones y quienes “demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
¿Se puede ir a prisión por dicha Ley?
La ley advierte que quienes realicen dichos actos, derivarían en acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de Nicaragua por los “actos de traición”, los “delitos que comprometen la paz” y los “delitos contra la Constitución Política de la República”.
Estos delitos están penalizados entre 2 6 años de prisión.
Sin embargo, el abogado y ex trabajador del Poder Judicial Yader Morazán explicó a la Voz de América que la ley es totalmente ambigua y jurídicamente inaplicable.
“No es más que un fragmento de un discurso que se ha convertido en una política de estado de facto”, como la narrativa de un intento de golpe de Estado o la supuesta injerencia externa que menciona Ortega en sus habituales discursos en contra de Washington, dijo Morazán.
El abogado explica que delitos como “traición a la patria” aparecen en el Código Penal en situaciones como las de un conflicto armado internacional y que una persona “como nicaragüense apoye a su enemigo”.
El Código Penal de Nicaragua establece el delito contra la paz de la República “el que, por actos hostiles no autorizados por el Gobierno, diere motivo al peligro de una declaración de guerra contra la nación, expusiere a sus habitantes a vejaciones o represalias en sus personas y bienes, o altere sus relaciones amistosas con algún estado”.
“Esta ley no trae consigo nada nuevo, y por otro lado es inconstitucional porque dice que no puedes optar a un cargo de elección popular contradiciendo el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua, que dice esa inhabilitación únicamente se puede realizar a través de una sentencia judicial firme. ¿Qué significa firmeza? Que ya no admite discusión legal alguna”, menciona Morazán.
Sin embargo durante su aprobación a finales de 2020, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, sancionado por el gobierno de Estados Unidos, hizo alusión a la penalización de delitos cómo los actos de traición, terrorismo, financiamiento al terrorismo, entre otros.
“Cuando lees los delitos que comprometen la paz, la sanción dice que es de 2 a 6 años de prisión; son realmente delitos, pero no han querido entender que la acción es delincuente, el que se ponga alguien a decir ‘que venga la intervención’, es un delito contra la constitución, es un delito por traición”, dijo Porras.
El primer detenido bajo esta ley fue el exembajador de Nicaragua en Washington y aspirante a la presidencia Arturo Cruz, posteriormente el politólogo Félix Maradiaga, el empresario Juan Sebastián Chamorro y el exdirector del sector privado José Adán Aguerri.
Todos los opositores se encuentran bajo arresto de 90 días a solicitud de la Fiscalía, señalada de ser afín a Ortega, aduciendo una supuesta investigación.
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